La amenaza dron en Colombia. El fracaso de una estrategia fragmentada.

Por Camilo Mendoza

Como es evidente, en los últimos cinco años, los drones letalizados dejaron de ser una curiosidad táctica de los grupos al margen de la ley para convertirse en su arma altamente rentable. No hace falta un arsenal sofisticado ni una logística compleja: con un dron comercial modificado y un operador con pocas horas de entrenamiento, cualquier estructura criminal golpea hoy con la efectividad que antes exigía meses de planeación, decenas de hombres desplazándose por la selva y el riesgo altísimo de ser detectados antes de llegar al objetivo. Ese cambio no es menor. Durante décadas, el poder de fuego de un grupo armado ilegal estuvo limitado por su capacidad logística: cuántos fusiles podía mover, cuánto explosivo podía transportar sin ser interceptado, cuántos hombres estaba dispuesto a arriesgar en una operación. El dron rompió del todo esa ecuación.

Hoy, una sola persona, desde varios kilómetros de distancia, puede lanzar una carga explosiva con precisión sobre un objetivo militar, un puesto de control o una instalación crítica, sin exponer su vida y sin necesidad de infiltrarse en el terreno. Eso explica por qué esta tecnología se volvió, en tan poco tiempo, la herramienta preferida de estructuras que antes dependían casi exclusivamente de minas antipersona, francotiradores, los cilindros bomba o ataques directos. El dron es más barato que un fusil de asalto de buena factura, más fácil de reemplazar cuando se pierde, y no exige el entrenamiento prolongado que requiere formar a un combatiente. Basta con mirar tutoriales, adaptar componentes de uso civil y ensayar en zonas donde el control estatal es débil.

A esa facilidad de acceso se suma una adaptabilidad que ningún otro tipo de arma ofrece con la misma flexibilidad. El mismo dron que ayer sirvió para vigilar el movimiento de tropas puede, al día siguiente, cargar explosivos y convertirse en un arma ofensiva; el que hoy transporta insumos entre campamentos puede mañana ser modificado para dejar caer una granada sobre un objetivo puntual. Esa polivalencia —vigilancia, transporte, ataque, todo en el mismo aparato— es precisamente lo que ha convertido al dron en el enemigo más difícil de anticipar: no se enfrenta un arma con un propósito fijo, sino una plataforma que cambia de función según la necesidad táctica del momento. Y mientras la amenaza se transforma con esa velocidad, el Estado sigue tratando de entenderla con categorías pensadas para otro tipo de guerra.

Hay, además, un factor que rara vez se menciona en el debate público y que explica buena parte de la persistencia de esta táctica: la facilidad para reponer pérdidas. Cuando un grupo armado pierde un fusil, una radio o un vehículo, esa pérdida tiene un costo logístico real, porque reponer ese activo implica tiempo, rutas seguras y, muchas veces, dinero que no siempre está disponible de inmediato. Con los drones, esa ecuación cambia por completo. Se trata, en su gran mayoría, de componentes de uso civil, disponibles en el mercado abierto, que pueden adquirirse, ensamblarse y ponerse en operación en cuestión de días. Perder un dron en una operación fallida no representa, para quien lo opera, una derrota estratégica; es, en el peor de los casos, un costo asumible que no altera de manera significativa su capacidad futura de ataque. Esa resiliencia logística es la que explica por qué, aun cuando la Fuerza Pública logra neutralizar miles de aparatos, la amenaza no desaparece: simplemente se repone, se adapta y regresa con una variante distinta.

La estrategia “Antidrones”

Frente a esa amenaza, la Fuerza Pública no ha permanecido estática, pero tampoco ha sido organizada. Desde 2019 viene adquiriendo sistemas antidrones —lo que en la jerga técnica se conoce como C-UAS—, pero lo ha hecho de una manera que hoy resulta difícil de justificar: cada Fuerza por su cuenta, tomando decisiones de compra de forma aislada, muchas veces sin informar siquiera a las otras ramas de la Fuerza Pública sobre qué equipos estaba adquiriendo, con qué capacidades y para cubrir qué zonas. Esa fragmentación no es un detalle administrativo menor. Significa que, en un mismo territorio, pueden coexistir sistemas antidrones de distintas marcas, con distintos protocolos, sin comunicación entre sí y sin que exista un mando único capaz de decir con certeza qué cobertura real tiene el país frente a esta amenaza.

El problema no es solo la falta de coordinación entre Fuerzas; es la ausencia de una lógica de compra pensada desde el principio. Adquirir sistemas antidrones de manera errática, respondiendo a la coyuntura del momento —un ataque reciente, una alerta puntual, la disponibilidad presupuestal de determinado año— produce un mapa de capacidades desigual, con zonas sobreprotegidas y otras completamente expuestas. Esa es la definición misma de una estrategia reactiva: se actúa después de que ocurre el hecho, no antes. Se compra para responder al último ataque, no para anticipar el siguiente. Y en un entorno donde la amenaza muta constantemente, cambiando de frecuencias, de marcas comerciales, de tácticas de vuelo, esa reacción tardía siempre llega un paso atrás.

Lo más preocupante es que esta manera de operar ha sido, en buena medida, secreta. No en el sentido de una reserva justificada por razones de seguridad operacional —eso sería comprensible y hasta necesario—, sino en el sentido de que ni siquiera existe, puertas adentro del propio sector defensa, una visión compartida y centralizada de cuántos sistemas hay, dónde están ubicados, qué capacidad de detección e inhibición tienen realmente y cómo se articulan entre sí. Sin ese inventario consolidado, sin esa mirada de conjunto, es imposible construir lo que debería ser el verdadero pilar de esta política: una defensa aérea de baja altura, entendida como una capacidad permanente, estructurada y con mando centralizado, y no como una colección de compras puntuales hechas por instituciones que no siempre se hablan entre sí.

Esa falta de dirección centralizada tiene consecuencias muy concretas sobre el terreno. Un comandante en una zona de operaciones no solo enfrenta la amenaza del dron enemigo; enfrenta también la incertidumbre de no saber con certeza qué tan protegida está su unidad frente a esa amenaza, porque la respuesta depende de qué Fuerza esté a cargo de esa zona, de qué presupuesto tuvo disponible en determinado momento y de qué proveedor terminó ganando determinado contrato. Eso no es una política de defensa aérea; es, en el mejor de los casos, un conjunto de soluciones parciales que, sumadas, no logran construir una capacidad nacional coherente.

Vale la pena insistir en algo: nada de esto significa que las Fuerzas no hayan actuado de buena fe o que no hayan destinado esfuerzo real a resolver el problema. Cada institución, dentro de su propio ámbito, ha tratado de responder a una amenaza que crece más rápido de lo que cualquier proceso de adquisición estatal puede seguir. El punto no es señalar negligencia individual, sino evidenciar un vacío de arquitectura: nadie, por encima de las Fuerzas, ha tenido la responsabilidad explícita de mirar el problema como un todo, de decidir qué zonas del país requieren qué tipo de cobertura, de establecer estándares comunes de interoperabilidad entre los sistemas adquiridos por cada institución, o de definir una hoja de ruta de mediano plazo que no dependa de la urgencia del último ataque. Sin esa mirada superior, cada Fuerza termina resolviendo, a su manera y con sus propios recursos, un problema que por su naturaleza exige una respuesta conjunta y coordinada.

El colapso está en la gobernanza, no en la tecnología

Lo curioso —y esto es lo que con frecuencia se pasa por alto en el debate público— es que la falla no está en los equipos. Actualmente, en el norte del país, operan varios sistemas fijos y semifijos que cubren Norte de Santander, Santander y sur de Bolívar, una de las regiones donde la amenaza dron se ha vuelto más intensa en los últimos años. Y solo entre julio y agosto de 2026, esos sistemas detectaron 36.122 drones e inhibieron 3.879, frente a un universo de marcas y referencias tan variado como DJI, Autel, HDZero, Yuneec, Teal, Vantage Robotics o sistemas basados en fibra óptica y control por radiofrecuencia diseñados específicamente para evadir la inhibición convencional. Esas cifras no describen un fracaso tecnológico. Describen sistemas que están haciendo, con bastante consistencia, lo que fueron diseñados para hacer: detectar y, cuando las condiciones lo permiten, neutralizar una amenaza que llega en volúmenes altísimos y en formatos cada vez más diversos.

Si los equipos funcionan de acuerdo con sus características técnicas, con alcances y capacidades reales que las propias cifras demuestran, entonces la pregunta que deberíamos estar haciéndonos no es si la tecnología antidrones sirve, sino por qué, aun funcionando, el país sigue sintiendo que va un paso atrás frente a esta amenaza. Y ahí es donde aparece el verdadero problema: la carencia de estudios previos, hechos por quienes finalmente van a operar estos sistemas, que hayan discriminado con seriedad la geografía de cada región, las condiciones meteorológicas particulares de cada zona y, sobre todo, la capacidad real de la amenaza a la que ese sistema en concreto tendría que enfrentarse. Un sistema antidrones diseñado y probado para operar en terreno abierto no rinde igual en un corredor de selva densa con alta humedad; uno pensado para detectar frecuencias convencionales puede quedar ciego frente a un dron guiado por fibra óptica, que ni siquiera emite la señal de radiofrecuencia que ese equipo está buscando. Comprar sin ese diagnóstico previo es como comprar un paraguas sin preguntar si en esa región llueve o nieva: el producto puede ser excelente, pero si no responde a las condiciones reales del lugar donde se va a usar, el resultado será, inevitablemente, insuficiente.

Por eso es importante decirlo con toda claridad: las empresas que han proveído esta tecnología, y que han trabajado para robustecer la seguridad de las tropas, de los municipios y de las instalaciones críticas del país, no son las responsables de este vacío. Han entregado equipos que, según lo demuestran las propias cifras de detección e inhibición, cumplen con lo que ofrecen. El problema no es de proveedores ni de fabricantes; el problema es que Colombia, como Estado, no ha construido todavía una estrategia real, coherente y oportuna frente a la amenaza dron. Seguimos comprando sistema por sistema, zona por zona, sin una visión que integre esas piezas en una arquitectura de defensa aérea de baja altura pensada de manera permanente y no como respuesta a la coyuntura.

La amenaza dron dejó de ser un fenómeno emergente para convertirse en un actor con capacidad de decisión sobre el terreno. Sigue siendo, sin embargo, tratada por buena parte de la institucionalidad como un riesgo menor, como una variante más de una guerra ya conocida, y no como lo que realmente es: un enemigo con lógica propia, que evoluciona más rápido que los procesos de contratación pública y que no va a esperar a que exista un mando centralizado para seguir atacando. Mientras esa subestimación continúe, seguiremos viendo cifras como las de Cúcuta —miles de drones detectados, miles inhibidos— como un dato aislado de éxito operativo, en lugar de entenderlas como la evidencia de que la tecnología ya está haciendo su trabajo, y que lo que falta, con urgencia, es que el Estado haga el suyo.