Por: Richard Kouyoumdjian Inglis - vicepresidente de AthenaLab
Antes de usar la fuerza del Estado se debe definir exactamente el problema, identificar con absoluta claridad las amenazas y quién las materializa, diseñar la estrategia de uso de la fuerza estatal, y definir con claridad el estado final deseado.
Soy un firme convencido de que las Fuerzas Armadas (FF.AA.) no están diseñadas para el orden público y la seguridad interior, pero dada la situación de inseguridad que se vive y el hecho de que a varios alcaldes les bajó la necesidad de tener apoyo militar, para manejar la crisis de seguridad que experimentan sus comunas, parece ser muy posible que el Gobierno ceda a esas solicitudes por la vía de decretar Estados de Excepción Constitucional o una interpretación legal de lo que es el concepto de protección de infraestructura crítica.
Es por eso que quiero compartir algunas reflexiones respecto de las FF.AA. que sugiero sean leídas por parte de las autoridades del Gobierno Central, delegados presidenciales, gobernadores y alcaldes, antes de emplearlas o asignarles tareas en estas materias:
Las Fuerzas Armadas existen para la defensa de la patria y son esenciales para la seguridad nacional. Dependen del Ministerio de Defensa, que está organizado y especializado para conducir a las FF.AA., y no del Ministerio del Interior. No constituyen parte de la fuerza pública y están entrenadas para cumplir funciones distintas que aquellas asignadas a las policías. En lo único que se parecen a Carabineros es que usan uniformes, en que portan armamento letal y en que son obedientes, no deliberantes y jerarquizadas.
Las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública están integradas solo por Carabineros e Investigaciones. Constituyen la fuerza pública y existen para dar eficacia al derecho, proveyendo de una capacidad operativa al Ministerio Público y al Poder Judicial, así como para garantizar el orden público y la seguridad pública interior. Es decir, los problemas que tenemos en seguridad pública son de su ámbito de acción. Tal vez lo que debemos preguntarnos es por qué no están siendo capaces de resolverlos. ¿Es por falta de recursos, por restricciones impuestas por el Gobierno Central, o bien por falta de apoyo político-legal cuando se debe usar la fuerza?
Las Fuerzas Armadas están integradas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Están diseñadas, equipadas y entrenadas para actuar como unidades que aportan capacidades en forma escalable y que se integran además en forma conjunta, cuando se define un teatro de operaciones. Están concebidas para usar la fuerza en forma abrumadora, concentrada en el centro de gravedad de un enemigo, para quebrar su voluntad de lucha. Esa capacidad abrumadora de aplicar fuerza letal, al ser demostrada, produce en la mente de un potencial adversario el efecto de disuasión. Para eso son las FF.AA.
Las Fuerzas Armadas, siendo lo que son, aportan capacidades que sirven también para otros fines. Estas capacidades solo pueden ser usadas, excepcionalmente, para fines de seguridad pública. Ello requiere que se apruebe un Estado de Excepción Constitucional de Emergencia o de Sitio. No sirve la modificación constitucional que crea el concepto de protección de la infraestructura crítica. Si fuera la infraestructura la que está en riesgo, lo primero que la conducción política debe señalar en forma explícita y sin ambigüedades es quién es el enemigo que hay que derrotar. En el caso que estamos analizando, lo que está en riesgo es la seguridad de las personas y no de la infraestructura.
Liberar Carabineros que custodian infraestructura crítica para asignarlos a funciones de seguridad humana, reemplazándolos por Fuerzas Armadas, no sirve. La infraestructura crítica no está en riesgo y los policías están en lugares críticos por la seguridad de las personas y no de las instalaciones. Ejemplos: estaciones de metro o terminales de buses.
Antes de usar la fuerza del Estado se debe definir exactamente el problema, identificar con absoluta claridad las amenazas y quién las materializa, diseñar la estrategia de uso de la fuerza estatal, y definir con claridad el estado final deseado. Si ello no se hace, el problema no se va a solucionar.
Las Fuerzas Armadas no han sido muy efectivas en las tareas excepcionales que se le han asignado a la fecha, no por un problema de capacidades propias, sino porque sus tareas están mal definidas. Me explico: en las fronteras con Perú y Bolivia solo pueden detener personas y pasarlas a las autoridades respectivas. No están enfrentando enemigos, sino solo deteniendo inmigrantes ilegales.
En la macrozona sur sus atribuciones bajo Estado de Emergencia solo les permiten detener a los delincuentes que son sorprendidos cometiendo delitos flagrantes. No pueden ir más allá que eso, ya que la investigación de actividades insurgentes o delictivas sigue siendo materia del Ministerio Público y las policías. Su presencia ayuda, pero no resuelve la causa del problema. Deja feliz al Gobierno, pero la actividad insurgente no se detiene.
Lo anterior no quiere decir que no puedan usarse las Fuerzas Armadas, pero ello requiere determinar a quién se van a enfrentar y con qué propósito. Las instituciones de la Defensa están entrenadas para enfrentar enemigos y si es que declaran enemigos de Chile o como una amenaza de la seguridad nacional a organizaciones criminales, perfecto, adelante: úsenlas, pero antes, algunas recomendaciones detalladas en los puntos que siguen.
En Chile no existen grandes cantidades de soldados para ser usados en labores de seguridad pública. El Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea actuales son bajos en dotaciones y altos en tecnología. Eso obliga a usarlos en tareas especificas y en donde su efectividad sea maximizada. Tener claridad en las tareas a realizar ayuda a la efectividad.
Las Reglas de Uso de la Fuerza actuales o las propuestas no sirven para tareas como capturar o neutralizar a criminales con alto poder de fuego. Deben ser simples y fáciles de aplicar. Usar definiciones complejas solo favorece a los delincuentes, como también les favorece hacer público aspaviento de dónde y cuándo estarán desplegadas.
Si se van a usar, recomiendo efectuar operaciones como las que se realizan en El Salvador. Es decir: militares rodean el sector, y las policías –con uso de tecnología e inteligencia, ya sea obtenida por drones, satélites o personas– ingresan al perímetro y capturan a sus objetivos.
Las acciones de seguridad interior requieren de compromiso político, de la aprobación de las autoridades del Ejecutivo, el acuerdo del Congreso, del Poder Judicial y del Ministerio Público. La planificación de estas operaciones requiere, además, de un alto nivel de inteligencia operativa. Estamos hablando de usar la fuerza letal del Estado en territorio nacional, en medio de nuestros compatriotas. Esto es algo que las Fuerzas Armadas van a exigir, ya que tienen demasiado presente el ejemplo de Punta Peuco, o los juicios seguidos a policías, militares e infantes de marina, ya sea por tareas cumplidas en el Estado de Emergencia posestallido social, o en labores de control policial en el marco de protestas sociales en el centro de Santiago.
Dejen a militares a cargo de militares. No cometan el error de poner a cargo a personas que no saben de un tema especializado y complejo, especialmente si no están incluidos en ninguna cadena de mando. No cometan el error de nombrar ministros coordinadores o puestos ad hoc que no existen, y que lo único que producen es confusión, desorden y responsabilidades diluidas. La cadena de mando debe ser limpia y clara.
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