Por José Javier Díaz*
Recientemente, mediante un decreto presidencial, el Gobierno Nacional volvió a restringir el empleo -disuasivo y/o efectivo- de las Fuerzas Armadas (FFAA) como legítimas herramientas del Estado ante la amenaza latente del accionar terrorista en Argentina.
Analizando la historia reciente de nuestro país y con independencia de la ideología política, raza, nacionalidad, religión y/o segmento socio-económico al que cada uno de los argentinos pertenezca o se sienta más afín, los hechos demuestran que no sólo sufrimos actos de naturaleza terrorista durante la “lucha contra la subversión” -especialmente en la década de 1970, durante la última Dictadura Militar- sino también antes y después de esa época, incluso en plena democracia[1].
Además del “terrorismo de Estado” al que fue sometida la sociedad durante los años oscuros de los gobiernos de facto, también debemos recordar las atrocidades que cometieron las “organizaciones terroristas locales” en nuestro país, entre las cuales se destacaron el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), Montoneros, el Movimiento Todos por la Patria (MTP) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), entre otras.
Estas organizaciones criminales, integradas en su mayoría por ciudadanos argentinos, pretendían imponer su extremismo ideológico a través del terror, la coerción y la anarquía, para lo cual no dudaron en llevar a cabo atentados con explosivos, secuestros extorsivos, torturas y asesinatos, asaltos y copamientos a comisarías y unidades militares para apropiarse de armas, vehículos y otros pertrechos.
Si bien las actividades ilegales citadas precedentemente -en forma aislada- pueden ser abordadas como estricta competencia del Sistema de Seguridad Interior; al ser realizadas en forma sistémica y con una escala tal que superó la capacidad de respuesta de las Instituciones Policiales provinciales y de las Fuerzas de Seguridad federales (FFSS), también afectaron a la Defensa, ya que se llegó al extremo de que el Estado Nacional no fuera capaz de asegurar su integridad territorial en Tucumán, ni proteger a los ciudadanos, ni los bienes de propiedad pública y privada en esa provincia y en otras localidades del país.
El accionar criminal de las organizaciones terroristas locales, apoyadas económica y logísticamente por gobiernos extranjeros -principalmente la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), Cuba, etc.- afectó los Intereses Vitales de la Nación. Por ello, la entonces Presidenta constitucional María Estela Martínez de Perón ordenó -por Decreto N°261 del año 1975- el despliegue de las FFAA para combatir a las bandas terroristas, inicialmente en Tucumán y luego en todo el país.
Existen opiniones muy disímiles sobre cómo fue el accionar de las FFAA, si se extralimitaron o no, en qué medida -si fue algo sistémico o casos aislados- y si lo hicieron porque en aquella época los programas de formación del personal militar no tenían materias como Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y otras, que desde hace varios años sí imparten los institutos de formación del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea Argentina.
Además de las “organizaciones terroristas locales” apoyadas por potencias extranjeras, la Argentina sufrió los atentados a la Embajada de Israel y a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1992 y 1994 respectivamente, los cuales provocaron más de 100 víctimas civiles fatales y unos 400 heridos, muchos de los cuales sufrieron mutilaciones y discapacidades permanentes.
Ambos atentados fueron cometidos por partidarios de la organización terrorista internacional Hezbollah, con el apoyo financiero y logístico de Irán. Si bien algunos consideran que se trató de ataques dirigidos contra Israel y los judíos, la realidad es que estos atentados se hicieron en territorio argentino y contra ciudadanos argentinos.
Pese a que hasta la fecha no se ha logrado justicia para las víctimas ni sus familiares y que el paso del tiempo y la corrupción en diversos organismos estatales facilitó la pérdida de pruebas y hasta el asesinato del último Fiscal que tuvo a cargo la investigación del atentado a la AMIA, el Estado Nacional puede, y debe, tomar medidas urgentes para que estos hechos no vuelvan a repetirse en nuestro país.
Es preciso potenciar la sinergia entre el Sistema de Inteligencia, de Seguridad Interior y de Defensa Nacional para disponer de la mejor capacidad de prevención, protección y represión del crimen organizado transnacional, siendo el Terrorismo y el Narcotráfico dos de las mayores amenazas que debe enfrentar la sociedad en la actualidad.
Además de fortalecer el equipamiento y la formación profesional de los miembros de las Fuerzas de Seguridad, de las Fuerzas Armadas y de los órganos de Inteligencia, que son los principales componentes del Estado que contribuyen a su Seguridad Nacional, debe disponerse de un marco normativo adecuado al presente y al futuro, que favorezca el máximo aprovechamiento de las capacidades materiales y humanas de las instituciones estatales, además de reducir la burocracia y fomentar el trabajo coordinado entre las distintas agencias provinciales, nacionales e internacionales.
En un país con tantas necesidades y escasos recursos, el Estado argentino no puede darse el lujo de mantener una percepción ideológica retrógrada, comprensible sólo en las circunstancias de una triste etapa de nuestra historia nacional que terminó hace cuatro décadas.
Las Políticas Públicas se deben planificar pensando en los escenarios futuros para contribuir a los Intereses Vitales de la Nación, para lo cual la Seguridad Nacional debe ser entendida como la sinergia de articular inteligentemente las capacidades de la Defensa con la Seguridad Interior para proteger a la población y a las instalaciones críticas (centrales nucleares, represas, etc.) de potenciales amenazas.
* El autor se desempeñó como Oficial Comando de la Armada Argentina y Asesor de los Ministros de Industria, Comercio, Minería y Desarrollo Tecnológico; de Defensa y de Seguridad de la Nación.
[1] El último atentado llevado a cabo por el ERP fue el ataque al Regimiento de Infantería Mecanizado N°3 de La Tablada, en enero de 1989, apenas un lustro después del retorno de la democracia.
