Ucrania lleva la guerra a la intimidad de Rusia: así funciona su maquinaria de represalias

Por Ignacio Montes de Oca

El 19 de agosto de 2026, un dron ucraniano alcanzó el vehículo del coronel ruso Dmitri Shabáev cerca de Huliaipole, en la región de Zaporizhia, a unos 80 kilómetros del frente. Shabáev, comandante de la 64.ª Brigada rusa, resultó gravemente herido junto con su chofer. Esa unidad fue vinculada con atrocidades cometidas en Bucha en marzo de 2022. El 423.º Regimiento de Sistemas No Tripulados “Grifos Escitas” reivindicó el ataque y afirmó que había seguido los movimientos del coronel “durante mucho tiempo” antes de golpear, según consignaron Euromaidan Press y UNN.

El golpe fue público y reivindicado: hubo comunicado militar, nombre de unidad y una foto. Pero no todos los ataques contra Rusia llevan firma. A veces el objetivo aparece muerto en su vivienda, su auto o al pie de su edificio, sin certeza sobre quién disparó o activó el detonador. Este artículo reconstruye ese territorio silencioso, sin firma y anterior al ataque contra Shabáev.

Rusia puede lanzar cientos de misiles contra una ciudad ucraniana y proteger a sus generales detrás de la inmensidad de su territorio. Ucrania eligió otra respuesta: localizar a quienes considera responsables de la guerra y demostrarles que la distancia ya no garantiza seguridad.

En cuatro años, la lista se amplió: de funcionarios de ocupación y colaboradores a generales, especialistas en armas químicas y directivos de empresas que fabrican drones para Rusia. La autoría varía: algunos ataques fueron reivindicados por el SBU o el HUR; otros solo fueron atribuidos a Ucrania por Moscú; un tercer grupo permanece sin confirmación ni pruebas concluyentes.

Aun con esas diferencias, caso por caso aparece un patrón. Cada operación contiene un detalle singular —un regalo, una identidad falsa, una aplicación deportiva o una rutina copiada durante semanas— que revela cuánto trabajo de inteligencia precede a la explosión.

La maquinaria combina inteligencia y oportunidad. El SBU, servicio de seguridad ucraniano, y el HUR, inteligencia militar, aparecen vinculados con varias operaciones. A su alrededor existen redes difíciles de medir: informantes, colaboradores y reclutas dentro de Rusia, a menudo sin experiencia previa en inteligencia.

La información puede ser tan simple como un horario, un automóvil o una rutina. Los casos analizados indican que algunas operaciones exigen semanas —a veces meses— de vigilancia para establecer dónde vive el objetivo, cuándo sale y qué protección tiene. El arma es apenas el último paso. El trabajo decisivo comienza antes, cuando alguien averigua dónde estará la persona buscada.

Esa lógica se aplicó primero en los territorios ocupados. Durante 2022 se registraron ataques contra funcionarios instalados por Moscú, policías y colaboradores. En Jerson fueron asesinados Pavel Slobodchikov en marzo, el bloguero prorruso Valery Kuleshov en abril y el funcionario Dmitry Savluchenko en junio. El objetivo no era solo eliminar personas, sino dificultar que Rusia construyera una administración estable en las zonas bajo su control.

Dentro de esa primera ola, el caso de Oleksiy Kovalev fue especialmente significativo. Había sido diputado del Parlamento ucraniano, pero tras la ocupación de parte de Jerson aceptó colaborar con las autoridades rusas. El 28 de agosto de 2022 fue hallado muerto en su vivienda. Lo llamativo no fue el método, sino el mensaje: para Kyiv no bastaba con expulsar al ocupante; también debía quedar claro que el colaboracionismo tendría un costo personal, incluso para quien alguna vez había ocupado una banca en el Parlamento.

Poco después, la campaña cruzó la frontera. El 20 de agosto de 2022, Daria Dugina murió al explotar una bomba en su automóvil cerca de Moscú. El FSB sostuvo que la sospechosa alquiló un departamento en el mismo edificio para vigilarla durante casi un mes y que se desplazó con su hija de doce años. Esa reconstrucción oficial fue cuestionada por medios occidentales y no pudo verificarse de forma independiente. Si fuera correcta, describiría una vigilancia encubierta bajo la apariencia de una rutina familiar.

En abril de 2023, el bloguero militar Vladlen Tatarsky murió por una explosión en un café de San Petersburgo. El artefacto llegó como obsequio: una mujer le entregó un busto con su imagen. La testigo Alisa Smotrova declaró que la mujer dijo haber hecho “una estatuilla de él”, según La Nación. Un video muestra a Tatarsky observando el busto y colocándolo sobre la mesa antes de la detonación. El método explotó una vulnerabilidad elemental: el homenaje permitió acercar el arma al objetivo.

El Comité Antiterrorista ruso calificó el hecho de “atentado terrorista” y responsabilizó a los servicios especiales ucranianos, según reportó France 24. Fue una de las pocas veces, dentro de esta serie, en que Moscú utilizó ese término desde el primer día.

Tres meses después, en julio de 2023, Stanislav Rzhitsky —excomandante del submarino Krasnodar y señalado por medios ucranianos como responsable de lanzar los misiles que mataron al menos a 23 personas en Vinnytsia— fue asesinado a tiros mientras corría por un parque de Krasnodar. El detalle revelador no fue un agente infiltrado ni un explosivo sofisticado, sino una aplicación de running. Rzhitsky publicaba allí su recorrido habitual, con horarios y trazados, y pudo haber expuesto la información necesaria para planear el ataque.

Kyrylo Budanov, jefe de la inteligencia militar ucraniana, negó responsabilidad y dijo que “las raíces de lo ocurrido... hay que buscarlas dentro de la propia Rusia”. El opositor exiliado Ilya Ponomarev insinuó una venganza planificada, de acuerdo con Perfil. Ninguna versión fue confirmada de manera independiente. TASS presentó el episodio como una investigación de homicidio, sin atribuirle inicialmente una motivación política.

La sucesión de casos dejó una conclusión hasta entonces improbable: Moscú ya no era una retaguardia completamente segura. A fines de 2024, además, apareció con claridad un cambio en la escala. Los objetivos comenzaron a incluir personas cuya desaparición podía afectar de manera directa la capacidad militar rusa.

El 17 de diciembre de 2024, el teniente general Igor Kirillov, jefe de las tropas rusas de defensa radiológica, química y biológica y acusado por Kyiv de dirigir el uso de armas químicas prohibidas, murió con su asistente frente a su edificio en Moscú. Un artefacto oculto en un monopatín eléctrico fue detonado a distancia. El SBU reconoció la operación y una fuente del servicio lo definió ante Reuters como “un objetivo legítimo”. Según la versión de las autoridades rusas, el ejecutor fue reclutado a distancia, alquiló un automóvil para vigilar al general y recibió la promesa de 100.000 dólares y residencia en Europa. La logística previa —reclutamiento, vigilancia y conocimiento de la rutina— fue tan importante como el explosivo.

La reacción rusa fue rápida y amenazante. El expresidente Dmitri Medvédev, hoy alto funcionario de seguridad, advirtió a través de la agencia estatal RIA Nóvosti que la dirigencia política y militar de Ucrania enfrentaría una revancha “inevitable”.

Cinco meses después, el 25 de abril de 2025, el teniente general Yaroslav Moskalik, subjefe de la Dirección Principal de Operaciones del Estado Mayor ruso, murió por una bomba colocada en un automóvil estacionado cerca de su recorrido habitual. Moskalik no era una figura propagandística, sino uno de los oficiales responsables de la planificación estratégica. El ataque transmitió así un mensaje distinto: ya no se buscaba castigar un discurso, sino interrumpir la cadena de mando.

El 22 de diciembre de 2025, el teniente general Fanil Sarvarov, jefe de la Dirección de Entrenamiento Operacional del Estado Mayor, murió por la explosión de una bomba colocada bajo su automóvil en Moscú. Rusia incluyó entre sus hipótesis la intervención de los servicios ucranianos, aunque Kyiv no reivindicó públicamente el ataque, según informó Reuters.

En febrero de 2026, el SBU fue vinculado con otro intento: el ataque contra el general Vladímir Alexéyev, número dos de la inteligencia militar rusa, tiroteado en Moscú. Rusia detuvo a cuatro sospechosos y sostuvo que el ejecutor había sido reclutado en Ternopil en agosto de 2025, entrenado en tiro y comunicaciones seguras, y enviado con la promesa de 30.000 dólares. El canciller Serguéi Lavrov acusó a Kyiv de buscar sabotear las negociaciones de paz, según EFE. La acusación rusa no fue confirmada de manera independiente, pero ilustra un modelo basado en reclutar y entrenar civiles para operaciones puntuales.

La secuencia continuó el 9 de junio de 2026, cuando murió en Moscú el general Damir Davydov, vinculado con la logística de artillería del Ministerio de Defensa. El hecho ocurrió cerca del lugar donde había muerto Moskalik poco más de un año antes, de acuerdo con Le Monde. La reiteración geográfica dejó de parecer casual y planteó un problema mayor para el Kremlin: no era un episodio aislado, sino una vulnerabilidad repetida en el mismo sector de la ciudad.

Para entonces ya había surgido otra categoría de objetivos: los responsables de fabricar armas. El 29 de julio de 2026, un ejecutivo de una empresa rusa de desarrollo de drones fue baleado en Tula y sobrevivió, aunque quedó hospitalizado. Una semana después, el 5 de agosto, Vladimir Tkachuk, director de Uraldronzavod —fabricante de los drones FPV Upyr, ampliamente usados por las fuerzas rusas—, resultó gravemente herido al explotar una bomba colocada en su automóvil cerca de Ekaterimburgo. Su guardaespaldas murió. Tkachuk ya había sido sancionado por países occidentales por su participación en el esfuerzo bélico ruso, según publicó The Guardian.

El cambio es relevante. Atacar a un general busca degradar el mando; atacar a un fabricante de drones apunta a la línea de producción. Los FPV Upyr y sistemas similares se volvieron armas eficaces para Rusia en el frente. Golpear a quienes los diseñan y fabrican intenta ralentizar ese flujo. No es solo un mensaje: también busca afectar la capacidad industrial que sostiene el campo de batalla.

El caso más reciente de esta rama silenciosa, y quizá el que mejor muestra el alcance de las redes de reclutamiento, ocurrió el 13 de agosto de 2026 en Sebastopol. Robert Shageev, capitán de la Flota rusa del Mar Negro, murió al detonar a su paso un artefacto oculto en una papelera, junto a unas escaleras que solía transitar. Su historial era singular: en 2014 había comandado el Zaporizhzhia, único submarino de la Armada ucraniana, y luego lo entregó y se incorporó a las fuerzas navales rusas. Por eso Kyiv lo había incluido en su lista de buscados por alta traición.

Las autoridades rusas detuvieron a Margarita Reut, de 32 años, quien, según medios rusos y ucranianos, había llamado la atención de la policía un año antes por gritar consignas contra Rusia en un tren. Las autoridades afirmaron que confesó haber colocado el explosivo; el gobernador de Sebastopol, Mijaíl Razvozháyev, sostuvo que no mostró arrepentimiento, según Maritime Executive. El dato central es el perfil atribuido a la sospechosa: una civil sin entrenamiento militar visible, integrada en la vida cotidiana de la ciudad y capaz de observar una rutina sin despertar sospechas.

El caso se conecta con un fenómeno más amplio que el SBU denunció en sentido inverso: Rusia también recluta agentes —a menudo mujeres jóvenes con perfiles cuidados en aplicaciones de citas— para tender trampas a soldados ucranianos y obtener su ubicación mediante una oferta de compañía romántica. Kyiv contabilizó más de cincuenta intentos de este tipo desde enero de 2026. La guerra de las relaciones simuladas, en ambas direcciones, se volvió una herramienta operativa comparable con un arma convencional.

No todos los episodios recientes son igual de claros. El 1 de agosto de 2026, una explosión en el restaurante Balzi Rossi, en Moscú, dejó cinco muertos y 19 heridos. El local había sido reservado para el cumpleaños del coronel general Alexander Chayko, quien sobrevivió. No está confirmado que fuera el objetivo ni que hubiera participación ucraniana. El caso debe presentarse como un ataque bajo investigación, no como una operación de Kyiv.

Otra capa de la represalia se remonta a la memoria de las masacres. Después de Bucha, Irpín e Izium, Ucrania reunió fotografías, videos, registros telefónicos, imágenes satelitales y testimonios sobre las unidades rusas presentes. En Bucha se hallaron cientos de civiles muertos y, meses después, alrededor de 440 cuerpos en fosas de Izium. Las investigaciones identificaron unidades y militares vinculados con esos hechos, entre ellos integrantes de la 64.ª Brigada de fusileros motorizados, señalada por fiscales ucranianos por abusos contra civiles en Bucha.

En mayo de 2026, Ucrania usó esa información para atacar posiciones de la brigada en el frente. Tres meses después, el 423.º Regimiento alcanzó con un dron a su comandante, Dmitri Shabáev, tras seguir sus movimientos “durante mucho tiempo”, según la propia unidad. Cuatro años después de Bucha, la brigada seguía combatiendo y su jefe continuaba bajo observación.

Kyiv no presenta estas operaciones como venganza personal. Las justifica como ataques contra objetivos militares legítimos: generales que planifican ofensivas, oficiales acusados de crímenes de guerra y directivos que fabrican armas usadas contra civiles. Desde esa perspectiva, la distancia geográfica no convierte a esas personas en civiles.

La lógica se vuelve más clara al observar la serie completa. Ucrania no busca solo eliminar personas: intenta elevar los costos. Un general muerto debe ser reemplazado; una empresa atacada necesita reforzar su seguridad; un funcionario de ocupación exige escolta; un colaborador local debe preguntarse si vale la pena seguir trabajando para Moscú.

Ese costo crece porque Rusia debe protegerlos a todos. Cada atentado obliga a cambiar recorridos, reforzar vehículos, instalar controles, revisar cámaras, investigar infiltraciones y vigilar a quienes rodean a los objetivos. Generales que alteran su ruta varias veces por semana, directivos con escoltas reforzadas y funcionarios de ocupación que dejan de usar sus propios autos consumen hombres, vehículos y tiempo: recursos que Rusia necesita en otros frentes.

Un atentado puede matar a una persona, pero la incertidumbre afecta a muchas más. Un general que altera su rutina, un funcionario que desconfía de sus subordinados y un empresario que necesita escolta permanente consumen recursos y pierden libertad de movimiento. La seguridad deja de ser un asunto privado y se convierte en un costo militar.

Detrás de todos estos episodios hay una misma materia prima: información. Los métodos varían —automóviles cargados con explosivos, artefactos colocados en lugares frecuentados por los objetivos, armas de fuego o drones—, pero la secuencia se repite: primero se obtiene el dato, luego se localiza al objetivo y, por último, se elige cómo atacarlo.

Uno de los métodos más difíciles de detectar es el que no requiere la presencia de un agente ucraniano. Una persona puede transmitir información desde territorio ocupado; un empleado, revelar datos sobre una instalación; o un ciudadano ruso, informar sobre los movimientos de un objetivo sin saber siquiera para quién trabaja en última instancia.

Los propios militares rusos también aportaron datos sin proponérselo al publicar fotografías, videos, ubicaciones y detalles de sus unidades. Combinados con imágenes satelitales, cámaras y registros públicos, esos rastros permiten reconstruir movimientos y vínculos. No siempre necesita saber de antemano dónde está cada persona: puede reconstruir un objetivo a partir de miles de indicios mínimos, como una aplicación deportiva, una foto en redes, un auto alquilado o un contrato temporal.

Queda una última capa, aún más difícil de medir: la capacidad de lograr que alguien dentro de Rusia abra una puerta, entregue un dato, facilite un movimiento o simplemente observe. Cuanto más amplia es la red de contactos, menos depende Ucrania de agentes propios.

A eso se suma un factor demográfico difícil de controlar. Según la defensora del pueblo rusa, Tatiana Moskalkova, en Rusia viven alrededor de dos millones de personas originarias de Ucrania, incluidas aquellas que adoptaron la ciudadanía rusa. Eso no implica que sean simpatizantes de Kyiv, ni mucho menos. Pero la magnitud del grupo vuelve imposible que la contrainteligencia rusa vigile a cada persona con el mismo rigor.

Ese es el problema que enfrenta la contrainteligencia rusa: puede reforzar la seguridad de un general, revisar los antecedentes de sus empleados y controlar sus comunicaciones, pero no saber con certeza quién transmite información. La sospecha puede recaer sobre un subordinado, un chofer, un empleado de fábrica o incluso un vecino.

A esa escala se suma la disidencia interna. Algunos rusos rechazan la guerra, perdieron familiares o están agotados por su costo. Por convicción, dinero o ambas razones, pueden facilitar información. Vigilar a una población numerosa de origen ucraniano y, a la vez, sospechar de parte de la propia sociedad convierte la contrainteligencia en un problema de escala.

También hay un patrón en la forma en que Rusia decide narrar —o callar— estos episodios. Cuando el objetivo es una figura simbólica, como Tatarsky, el Estado habla de terrorismo desde el inicio y convierte el caso en noticia nacional. Cuando la víctima es menos conocida, como Rzhitsky o Shageev, el hecho suele presentarse primero como un caso policial sin motivación política explícita y solo después, si ocurre, pasa al terreno de la seguridad del Estado. La diferencia no es menor: sugiere que buena parte de la campaña llega al público ruso por la sección policial, no por la de política internacional, lo que ayuda a explicar su menor repercusión interna frente a la prensa occidental.

Esa zona gris dificulta establecer una cifra exacta de víctimas atribuibles a Ucrania. Algunos ataques fueron reivindicados; otros, atribuidos por Rusia; y otros aparecen solo en investigaciones periodísticas sin confirmación definitiva. Por eso el éxito de esta campaña no debería medirse solo por la cantidad de personas eliminadas. Su efecto más profundo puede ser obligar a Rusia a defender la retaguardia mientras intenta concentrar recursos en Ucrania.

La guerra convencional mide territorio conquistado, aviones derribados, tanques destruidos o kilómetros avanzados. La guerra clandestina usa otra unidad: cuánto cuesta sentirse seguro.

En ese terreno, Ucrania parece haber logrado algo antes improbable. Rusia conserva una enorme ventaja territorial y superioridad militar en varios campos, pero ya no puede garantizar que un general esté seguro en Moscú, un funcionario en una ciudad ocupada, un fabricante de drones fuera del alcance de la guerra o un coronel a 80 kilómetros del frente.

La represalia ucraniana no es una simple lista de asesinatos. Es un sistema que combina información, vigilancia, redes clandestinas, ataques convencionales y operaciones selectivas para trasladar parte del costo de la guerra a Rusia. Mientras Moscú intenta convertir la profundidad de Ucrania en ventaja militar, Kyiv busca transformar la profundidad rusa en vulnerabilidad. La dificultad no está solo en conseguir un arma, sino en vigilar, seguir rutinas y encontrar colaboradores.

La sofisticación no está necesariamente en el arma. Está en hacerla llegar a la persona correcta, en el momento preciso y con el menor margen de error posible.

Como Israel después de la Masacre de Múnich de 1972, Kyiv enfrenta el problema de alcanzar a responsables que difícilmente lleguen a un tribunal. La diferencia es que la guerra ocurre dentro de una Rusia que durante décadas convirtió su profundidad territorial en garantía de seguridad. Ucrania intenta demostrar lo contrario: no necesita hacerse con el control territorial para aplicar una revancha. Le basta con instalar la incertidumbre sobre quién observa, quién colabora y cuál será el próximo lugar inseguro. La verdadera represalia no es que un general pueda morir en Moscú, sino que ya no pueda sentirse seguro ni allí ni en cualquier otro lugar bajo el control ruso.