Chile: El entorno vecinal y su relación con la seguridad nacional

Por: Richard Kouyoumdjian Inglis - vicepresidente de Athenalab

Sin la concurrencia de las autoridades bolivianas no vamos a lograr tener un control efectivo. Amenazar con cerrar la frontera, algo que afecta seriamente nuestras economías del norte, o volver a minar los pasos fronterizos, no son buenas ideas.

No hay nada más importante para la seguridad nacional que las relaciones vecinales y los problemas de seguridad interior, más aún cuando unos están conectados con los otros. Claro que importa la calidad y tipo de relaciones que tengamos con China, lejos nuestro principal socio comercial, como también con Estados Unidos de América, la potencia global que manda en el mundo en que nos desenvolvemos y con la cual compartimos valores como la libertad, la democracia y el respeto a los derechos humanos.

Nuestros vecinos son eso: vecinos con los que compartimos fronteras terrestres y marítimas, aspectos culturales latinoamericanos, periodos de guerra y de paz, e intercambios comerciales relevantes. Importamos y exportamos problemas entre nosotros, y lo que suceda en esos países casi siempre impacta nuestra seguridad, economía y política.

Muchas veces los gobiernos de turno no coinciden en sus posiciones político-ideológicas, pero producto de ser vecinos estamos obligados a portarnos bien, a mínimos de convivencia y de buen trato, tal como lo haríamos a nivel personal con nuestros propios vecinos. La Argentina con Milei y Chile con Boric son un ejemplo de que, incluso con presidentes que no podrían ser más distintos, las cosas funcionan y que, producto de ser vecinos, miden las barbaridades que dicen o derechamente –mejor aún– se quedan callados.

Hablo de seguridad nacional y no seguridad pública, porque los vecinos son y pueden ser amenazas externas directas a nuestra libertad y soberanía, sea porque así lo buscan (de lo cual nuestra historia está llena) o bien porque, como indiqué antes, nos exportan sus problemas criminales o no hacen nada para evitar que delincuentes se instalen en nuestro territorio.

Ninguno de los tres países vecinos es hoy en día una amenaza seria en lo militar, lo que no quiere decir que no puedan llegar a serlo, más aún en los convulsos tiempos en que vivimos.

La Argentina bajo Milei, quien ha prometido volver a hacer a ese país la potencia que fue a comienzos del siglo XX –algo que puede no ser ideal para Chile–, está buscando reconstruir capacidades militares estratégicas, pero su avance es lento, producto de la disciplina fiscal implementada con el fin de recuperar la economía de ese país. Los F-16 van a tomar un tiempo en llegar, como también será el caso de la capacidad logística necesaria para operarlos y mantenerlos. Los fondos no dan para reequipar la marina de guerra con submarinos y reemplazar su flota, que tiene en promedio más de 40 años. El Ejército ha recibido algo de material moderno, pero es poco y no cambia las cosas.

La prioridad en Argentina ha sido la seguridad interior y, por ende, el equipamiento de las policías y de la Gendarmería. Algo han hecho bien, porque no parecen estar tan desesperados como nosotros. Quizás se deba al trabajo de Patricia Bullrich, quien está pronta dejar el Ministerio de Seguridad por el Senado. Lo que sí está claro es que el crimen organizado y la delincuencia que nos azotan no vienen de la Argentina.

En el Perú, el desarrollo de las capacidades militares corre por carriles separados de la política y de la economía. Da la impresión de que las fuerzas armadas del Perú gozan de independencia política y de autonomía fiscal. Su programa de equipamiento avanza a pesar de que su economía no brilla, el crimen organizado los tiene con el agua hasta el cuello y su sistema político en graves problemas.

No se debe despreciar el rearme peruano en curso. Están dedicando miles de millones a requipar su fuerza aérea, marina y ejército, lo que no quiere decir que lo mismo esté sucediendo con sus policías y aparato de seguridad pública, el que está desbordado por criminales y delincuentes. Nuestra frontera terrestre con el Perú –a pesar de que ya no está minada– es fácil de controlar,  pues solo tiene 169 kilómetros. La criminalidad peruana no ingresa a Chile directamente desde Perú sino a través de Bolivia, país que hoy por hoy es nuestro mayor riesgo de seguridad nacional.

No quiero ser irrespetuoso con Bolivia, más aún debido a que está pronto a asumir un nuevo presidente, uno de centro, al que deseamos los mejores éxitos en su gestión, uno al que acompañará el Presidente de Chile en su ceremonia de cambio de mando, reflejando la importancia que tienen para nosotros, a pesar de no compartir visiones ideológicas similares a nivel gubernamental.

Con Bolivia, que no es una amenaza militar, tenemos casi 900 kilómetros de una frontera que no es fácil de controlar por su topografía y altura. Es por esta frontera por donde criminales e inmigrantes ilegales buscan entrar a Chile después de haber transitado libremente por Bolivia, sin que sus policías o fuerzas de seguridad se los hayan impedido.

Claramente, por día mejoramos el grado de control ejercido, habiendo espacios para continuar mejorando. Todos los candidatos presidenciales reconocen la importancia y la gravedad de esta frontera, en la que están dispuestos a no solo instalar a Carabineros de Chile, sino también a ponerla al resguardo del Ejército, reconociendo con ello que es algo en que se deben aplicar todas las capacidades del Estado.

Sin la concurrencia de las autoridades bolivianas no vamos a lograr tener un control efectivo y efectividad en el trabajo realizado, ni vamos a lograr realizar reconducciones de inmigrantes ilegales. Tenemos que trabajar el tema juntos, ya que de lo contrario no va a funcionar. Amenazar con cerrar la frontera, algo que afecta seriamente nuestras economías del norte, o volver a minar los pasos fronterizos, no son buenas ideas. Buenas ideas son ayudarlos a que los criminales e inmigrantes ilegales no entren a su país para después querer entrar a Chile.

Implica también trabajar juntos con el Perú, Ecuador y Colombia en el manejo de la inmigración venezolana, en neutralizar a los operadores que facilitan el flujo migratorio ilegal, en buscar trabajar junto con otros países en un cambio de régimen en Venezuela, que implique parar la exportación que hacen de gente y, peor aún, de criminales.

Tener buenas relaciones con los vecinos paga y tener relaciones constructivas, especialmente en lo que a seguridad se refiere, paga más aún. Tener organizaciones de seguridad pública multinacionales conformadas por las policías de Chile, Bolivia y Perú a cargo de aspectos de seguridad comunes sería un objetivo para el próximo Gobierno. En seguridad debemos ser socios y no contrincantes. El enemigo son los criminales y los delincuentes transnacionales.