El estado de las Fuerzas Armadas que recibe el nuevo gobierno de Colombia: capacidades disminuidas y grupos armados en expansión

El nuevo Gobierno de Colombia abrió uno de los principales frentes de cuestionamiento a la administración de Gustavo Petro en materia de seguridad: el estado real de las capacidades operacionales de las Fuerzas Militares. El diagnóstico presentado como parte de lo que presentaron como “El libro de la verdad” durante el empalme sostiene que, aunque Colombia mantiene un inventario considerable de aeronaves y sistemas militares, una parte significativa de esas capacidades no estaría disponible para cumplir misiones.

El dato más contundente está en la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC). Según el documento de empalme anticorrupción del nuevo Gobierno, de un inventario de 386 aeronaves, 131 no estaban operacionales y apenas el 52% estaba disponible para volar. El mismo informe advierte que el Ejército recibía un déficit presupuestal de $14 billones para 2026, acompañado de una fuerte afectación de su flota de helicópteros.

En el caso de los Mi-17, el diagnóstico señala que solo 8 de los 19 helicópteros estaban operacionales, menos de la mitad de la flota reportada. En los UH-60 Black Hawk, de 49 aeronaves, 18 no estaban disponibles por mantenimiento o falta de recursos, según el documento. La discusión, por tanto, no se limita al número de plataformas que aparecen en los inventarios oficiales, sino que la pregunta que plantea el nuevo Gobierno es cuántas de ellas están efectivamente en condiciones de despegar, transportar tropas, evacuar heridos, realizar inteligencia, vigilancia y reconocimiento o responder ante una emergencia.

Una Fuerza con sistemas, pero con disponibilidad limitada

El contraste resulta particularmente relevante porque durante el mismo periodo Colombia continuó avanzando en la adquisición de nuevas capacidades militares. Uno de los ejemplos aparece en el propio expediente de contratación de la Fuerza Aeroespacial Colombiana para la adquisición de dos aviones KC-390, aeronaves de transporte táctico militar pesado fabricadas por Embraer. El documento establece que la primera aeronave debe ser entregada durante 2029 y la segunda durante 2030. El contrato contempla, además de las aeronaves, equipos y sistemas asociados por un valor total que, a partir de los montos de pago consignados, de aproximadamente US$366,43 millones. De ese monto, US$182,87 millones corresponden al pago anticipado y US$183,56 millones al pago restante, con desembolsos distribuidos entre las vigencias fiscales de 2027, 2028, 2029 y 2030. La adquisición muestra una paradoja que será inevitable en la discusión sobre la defensa colombiana: mientras el Estado incorpora nuevas plataformas de alto nivel tecnológico, el nuevo Gobierno sostiene que tiene problemas para mantener disponible una parte importante de las capacidades que ya posee. No necesariamente se trata de decisiones incompatibles, ya que una Fuerza Aérea puede necesitar simultáneamente renovar su flota estratégica y recuperar la disponibilidad de las aeronaves existentes, pero el punto que deja planteado el empalme es otro: ¿cuánto de la capacidad militar presupuestada se traduce realmente en capacidad operacional?

Por otro lado, el propio informe señala que solo 19% de la flota de la FAC estaría asegurada, y cuestiona además que la aeronave C-130 Hercules accidentada en Puerto Leguízamo no contara con una póliza vigente al momento del siniestro.

El nuevo Gobierno ha anunciado que revisará los compromisos plurianuales heredados, como la muy cuestionada compra de los Gripen, los contratos estratégicos y el sostenimiento de la flota aérea. También ha planteado que el reto no consiste únicamente en aumentar el presupuesto, sino en recuperar la capacidad operacional de las Fuerzas Militares y de Policía.

El caso antidrones

El otro gran cuestionamiento está relacionado con el denominado Escudo Nacional Antidrones, un proyecto cuyo valor supera los $6,3 billones, según “El libro de la verdad”, ejecutado por CODALTEC. La preocupación no está solamente en el monto de la inversión, sino que el informe señala cuestionamientos sobre la estructuración del proceso, la reducción de oferentes, la metodología de evaluación, posibles conflictos de interés y la ausencia de pruebas integrales. Pero el elemento más sensible desde el punto de vista militar es el desempeño de algunos sistemas adquiridos durante el cuatrienio anterior.

De acuerdo con el documento, la Contraloría identificó sistemas antidrones con capacidades de detección de apenas 300 y 430 metros, frente a requisitos mínimos de 2 kilómetros. También se mencionan fallas en identificación, georreferenciación e inhibición de drones, calificadas como un riesgo operacional crítico. El asunto adquiere mayor relevancia por la transformación de la amenaza. El nuevo Gobierno afirma que durante 2025 se detectaron cerca de 9.000 intentos de ataques con drones por parte de grupos armados organizados y que entre abril de 2024 y noviembre de 2025 se registraron 382 ataques con UAS, con 282 personas afectadas. Es decir, el problema no es únicamente cuánto dinero se destinó a comprar tecnología antidrones, sino si esa tecnología funciona en las condiciones operacionales para las cuales fue adquirida.

El deterioro de la disponibilidad ocurre mientras crecen los grupos armados

El diagnóstico del nuevo Gobierno vincula el deterioro de las capacidades militares con la expansión de los grupos armados durante el periodo 2022-2026. Según las cifras citadas en el documento, el Clan del Golfo habría pasado de unos 5.500 integrantes en 2022 a 10.000 en 2025. El ELN habría aumentado de aproximadamente 5.800 a 6.800 integrantes, mientras que el Estado Mayor Central habría pasado de 3.500 a 4.500.

El informe también cita incrementos en indicadores humanitarios y de seguridad. El reclutamiento de menores habría pasado de 151 casos en 2022 a 386 en 2025; el confinamiento, de 62.380 a 128.825 personas, y el desplazamiento forzado, de unos 58.000 a 107.924. La tesis política del Gobierno entrante es clara: mientras aumentaban las capacidades de los grupos ilegales, las Fuerzas Militares habrían perdido disponibilidad operacional. El propio ministro de Defensa, Mayor General (r) Jorge Eduardo Mora López, resume el diagnóstico en el documento de empalme al señalar que el sector recibió una capacidad operacional “que se deterioró de forma medible en los últimos cuatro años”.