El estado del sistema de inteligencia Chileno
- Richard Kouyoumdjian Inglis
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Por Richard J Kouyoumdjian Inglis, vicepresidente ejecutivo de AthenaLab
El propósito de esta columna es explicar dónde y en qué está el Sistema Nacional de Inteligencia, qué debe suceder después de que se promulgó la ley que moderniza la ley de inteligencia, y los temas principales que se deben resolver, como también algunas complicaciones con las que se tendrá que vivir hasta que se encuentren formas de resolverlas.
El sábado 30 de mayo de 2026 se publicó en el diario oficial la ley 21.821 que busca fortalecer y modernizar el Sistema de Inteligencia del Estado. Esta ley que modifica la ley 19.974 del año 2004 tomó muchos años en ver la luz. Costó llegar a un conceso político de lo que se entiende por inteligencia y contrainteligencia, y el propósito que éstas tienen para la seguridad nacional. De seguro ayudó la realidad geopolítica, la situación vecinal, pero por, sobre todo, la amenaza que significa el crimen organizado operando activamente e instalado en el territorio nacional.
La Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), el corazón del sistema como lo conocemos hasta el día de hoy, no está en condiciones de ser efectiva en la riesgosa e insegura realidad en que vivimos los chilenos actualmente, tanto por los escasos recursos que se le asignaban hasta el 2025 (US$ 11 millones y un poco menos de 100 personas de dotación), como por la insuficiente definición de lo que incluía el sistema y su amplitud. Quizás era lo que queríamos en el 2004, pero no lo que necesitamos más de 20 años después.
Lo que la ley 21.821 hizo fue dejar más claro el propósito del sistema, que no será otro que “contribuir a la planificación y definición de acciones dirigidas a enfrentar los riesgos, amenazas y agresiones que afecten la seguridad de la Nación, el interés nacional y el orden constitucional.”
El sistema de inteligencia del Estado Chileno no es un servicio secreto, lo que no quiere decir que no opere en secreto y que lo que produzca este sujeto a reserva. El sistema nacional de inteligencia no es la DINA, la CNI o la KGB. No es tampoco la CIA, el MI6 o el MI5 del Reino Unido, todos con importantes capacidades operativas. Su propósito y objeto están claros en la ley 19.974 modernizada por la ley 21.821. Es un sistema que básicamente debería hacer inteligencia y contrainteligencia. Para ello cuenta unidades que lo integran, otras que colaboran, y mucha más claridad, pero aún imperfecta, en lo que se refiere a mando, control y coordinación del sistema, integrado y bajo la dirección del poder ejecutivo, y con una ANI más central, principal y empoderada.
Los desafíos para que el sistema nacional de inteligencia sea mejor que el que ya conocemos están en que reciba el presupuesto y dotación para que la ANI sea más efectiva, ya que con su presupuesto y dotación actual no vamos a llegar a ninguna parte, ni lograr nada mejor o incremental. Argentina tiene 15 veces más dotación y España 50. El director de la ANI, el vicealmirante (r) Ronald MacIntyre, que viene de dirigir la ANEPE, tiene la responsabilidad de hacer esto una realidad. No va a estar sólo en este esfuerzo. La ley modernizadora 21.821 considera que los apoyos y recursos estarán disponibles, y está en el interés del Presidente que ello ocurra.
También debemos revisar que la declaración de unidades colaboradoras del sistema sea algo que funcione en forma operativa y no sea más que un saludo a la bandera. Como cooperadores han sido incluidas la Agencia Nacional de Ciberseguridad, Gendarmería de Chile, la Unidad de Análisis Financiero (UAF), el Servicio Nacional de Aduanas, el Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Secretaría General de Política Exterior de la Cancillería, faltando incorporar el Ministerio Público, un actor más que crítico para la seguridad nacional y que debe ser incluido a la brevedad, ello independiente de que no sea parte del poder ejecutivo.
A modo de ejemplo, lo que produce la UAF tiene principalmente como destino el Ministerio Público y no el sistema de inteligencia con el que ahora se tiene que integrar y colaborar. Todo indica que se tendrá que revisar los cuerpos legales que regulan cada una de las instituciones colaboradoras objeto asegurar que se puedan integrar efectivamente al sistema.
Debemos estar dispuestos a que el sistema de inteligencia del Estado sea modificable y perfectible. Todo sistema para que pueda cumplir su propósito y los objetivos que se le asignen debe estar en condiciones de ir adaptándose a la cambiante realidad. Eventualmente hacer que los colaboradores pasen a ser unidades integrantes es algo que deberíamos considerar. Chile es un país en que sólo funciona lo que tiene jefe o la ley obliga, y no necesariamente lo que depende de las buenas intenciones que puedan tener los categorizados como cooperadores.
Lo otro que se debe buscar revisar es el control del sistema. A los legisladores se les pasó la mano entre la exigencia para operaciones especiales, que ahora van a requerir de ministros de la Corte Suprema (antes eran de cortes de apelaciones), y, por otro lado, el control de la calidad de las operaciones tendrá por un lado a su propio control interno, más el de la Contraloría, tribunales y la Cámara de Diputados. Claramente una exageración burocrática que atenta contra la efectividad y la buena operación. Las mejores practicas internacionales en esta materia recomiendan un esquema más simple y que actúa expost en la forma de auditorías.
Chile necesita de un sistema de inteligencia que sea más efectivo y que nos ayude a manejar y disminuir los riesgos y amenazas que nos acechan. Andar desprevenidos e inocentes por la vida con un sistema de inteligencia poco útil dejó de ser una opción.
Para más detalles de lo que se espera de un sistema de inteligencia o lo que debe ser capaz de hacer, recomiendo leer el documento adjunto de AthenaLab “Consideraciones generales para la propuesta de un Sistema de Inteligencia en Chile”, del director ejecutivo de AthenaLab John Griffiths, el que fuera presentado a fines de enero de 2026 junto con documentos relativos a la arquitectura seguridad nacional que necesitamos y la estrategia de seguridad pública que Chile requiere para enfrentar al crimen organizado.