El Gobierno argentino propone reforzar el control aeroespacial y amplía las herramientas de la Defensa Nacional
El Poder Ejecutivo envió al Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. La iniciativa redefine el esquema de seguridad nacional, fortalece el rol del Comando Conjunto Aeroespacial y establece un procedimiento progresivo para la detección, identificación e interceptación de aeronaves consideradas irregulares o hostiles.
El Gobierno nacional envió al Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa que propone una reforma integral del sistema de seguridad y defensa del país y que incorpora nuevas herramientas para la vigilancia y protección de los espacios aéreo, marítimo, fluvial y lacustre. Uno de los capítulos de mayor impacto para el ámbito aeronáutico es el referido a la Defensa Aeroespacial, donde el proyecto establece nuevas responsabilidades para la Fuerza Aérea Argentina y el Comando Conjunto Aeroespacial (COCAES), además de fijar un procedimiento específico frente a aeronaves que no puedan ser identificadas o que incumplan las normas vigentes.
El COCAES, con un rol central
El proyecto establece que el Comando Conjunto Aeroespacial será el órgano operacional responsable de ejecutar en forma permanente la Defensa Aeroespacial Integral en tiempos de paz. Entre sus funciones estarán la vigilancia y el control de la actividad desarrollada en el espacio aéreo, además de la identificación e interceptación de aeronaves cuando se detecten situaciones anómalas que puedan constituir un riesgo o una agresión. El COCAES dependerá del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y estará conformado sobre la base de los medios de la Fuerza Aérea Argentina, a los que podrán incorporarse capacidades del Ejército, la Armada y otros organismos estatales según las necesidades operativas. En paralelo, la Fuerza Aérea Argentina será la Autoridad Aeroespacial Militar responsable de regular, establecer e implementar los servicios de control de tránsito aéreo militar. ANAC y EANA deberán proporcionar la información necesaria para el cumplimiento de estas funciones.
Qué pasará ante una aeronave no identificada
Una de las principales novedades del proyecto es la incorporación de las categorías de Tránsito Aéreo Irregular (TAI) y Tránsito Aéreo Hostil (TAH). El TAI comprende a una aeronave o vector incursor que incumpla las normas aeronáuticas y no pueda ser identificado. El TAH, en cambio, será aquel tránsito irregular que no actúe de manera colaborativa, se niegue a cumplir las órdenes impartidas o persista en hacerlo, o cuya conducta pueda afectar los intereses vitales de la Nación.
Ante la detección de un vector incursor, el proyecto plantea una secuencia progresiva:
identificación → declaración de TAI → advertencia → declaración de TAH → demostración de fuerza → uso de la fuerza como último recurso.
La identificación podrá incluir la interceptación mediante aeronaves militares. Si la aeronave no modifica su comportamiento, podrá ser declarada hostil y posteriormente realizarse una demostración de fuerza. El uso de la fuerza queda reservado como último recurso y requiere una orden expresa e inequívoca del Presidente de la Nación, quien podrá delegar esa facultad en el ministro de Defensa. El proyecto establece además que todas estas acciones deberán desarrollarse de acuerdo con el derecho internacional aplicable y sin poner en riesgo la vida de los ocupantes de aeronaves civiles ni la seguridad de las aeronaves.
Nuevas Zonas de Identificación de la Defensa Aeroespacial
El texto incorpora también la posibilidad de establecer Zonas de Identificación de la Defensa Aeroespacial. Estas zonas podrán incluir restricciones al vuelo y requerimientos o procedimientos especiales destinados a facilitar la identificación de aeronaves y vectores. De acuerdo con el proyecto, deberán ser publicadas con sus respectivas restricciones y requisitos con la anticipación que establezca la reglamentación. Un punto relevante para la aviación civil es que el incumplimiento de una de estas zonas determinará la declaración de Tránsito Aéreo Irregular.
Defensa y aviación civil
El proyecto intenta establecer una separación clara entre las necesidades de defensa y la seguridad operacional de la aviación civil, pero al mismo tiempo plantea mecanismos permanentes de coordinación. El COCAES deberá contribuir a la seguridad operacional tanto en tiempos de paz como de guerra. Las autoridades civiles y militares deberán coordinar el uso del espacio aéreo para que las operaciones de defensa no interfieran con la aviación civil. La reglamentación deberá establecer una política de uso flexible del espacio aéreo, con el objetivo de armonizar las políticas de defensa y aerocomercial.
Para el sector aeronáutico, este punto será especialmente relevante una vez que avance la reglamentación, ya que allí deberán definirse los procedimientos concretos de coordinación entre las autoridades militares y civiles.
Información, registros y sanciones
El proyecto también establece un mecanismo de registro de los Tránsitos Aéreos Irregulares. Cuando un TAI aterrice como consecuencia de una interceptación, deberá afrontar los costos de la operación desplegada, sin perjuicio de las multas administrativas que correspondan. El COCAES deberá comunicar a la ANAC aquellos casos que puedan constituir infracciones y aportar la información necesaria para las sanciones correspondientes. Además, las actividades de identificación e interceptación deberán quedar registradas mediante medios técnicos que permitan su reproducción y posterior análisis operativo.
Una reforma que va más allá del espacio aéreo
La propuesta no se limita al ámbito aeroespacial. El proyecto crea un Sistema de Seguridad Nacional y un Consejo de Seguridad Nacional presidido por el Presidente, con participación de distintas áreas del Gobierno. El nuevo esquema busca integrar capacidades diplomáticas, económicas, de defensa, inteligencia y otras áreas vinculadas con la seguridad nacional. También incorpora un régimen específico para la protección de infraestructuras críticas, que comprende instalaciones, redes y sistemas públicos o privados considerados indispensables para servicios esenciales, la salud, la seguridad, la defensa, la economía y el funcionamiento del Estado.
El proyecto deberá ahora ser analizado por el Congreso. En materia aeroespacial, uno de los principales desafíos estará en la reglamentación posterior: allí deberán definirse buena parte de los procedimientos, mecanismos de coordinación y condiciones operativas que determinarán cómo funcionará en la práctica el nuevo esquema de defensa del espacio aéreo argentino.
