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¿Fin de la novela? Justicia de Brasil autoriza la compra del Centauro

Por Paulo Roberto Bastos Jr.


El Tribunal Superior de Justicia (STJ) publicó ayer, 14 de diciembre, la suspensión de medida cautelar y sentencia de la acción popular contra la adquisición de vehículos blindados de combate de Caballería Media sobre ruedas (VBC CAV - MSR) 8X8 Centauro II. Está prevista para hoy, día 15, la firma del contrato entre el Ejército de Brasil (EB) y el Consorcio Iveco-OTO Melara (CIO).

El contrato debió haberse firmado el día 5, pero fue suspendido por acción de un requerimiento del TRF-1, de carácter puramente político. El contrato se refiere a la adquisición de 98 vehículos, con su respectivo apoyo logístico y un sistema de simulación, por el valor estimado de 3.300 millones de reales, pero esta compra solo surtirá efecto después de la evaluación (y aprobación) por parte del Centro de Evaluación del Ejército (CAEx) de dos prototipos, que se entregará en el primer trimestre del próximo año en Italia.



Entender el embrollo

El pasado 25 de noviembre, el EB, a través del Comando Logístico (COLOG)/ Diretoria de Material (DMat), anunció que el Centauro II, del Consorcio Iveco–OTO Melara (CIO), ganó el concurso internacional del proyecto VBC CAV – MSR 8X8 y que la firma del contrato tendría lugar el 5 de diciembre.

El 4 de diciembre, un domingo, el juez federal Wilson Alves de Souza, de guardia en el Tribunal Regional Federal de la 1ª Región (TRF-1), Brasilia (DF), atendiendo una acción popular presentada por el abogado Charlles Capella de Abreu, ex asesor especial de la Casa Civil en el Gobierno de Dilma Rousseff, suspendió la firma del contrato alegando "evidente la ilegalidad de la conducta administrativa" y la falta de "sentido común" en un supuesto contrato que "alcanzaría más de R$ 5 mil millones" en el momento de "apagar las luces del actual Gobierno".

En la tarde del día 5, la Procuraduría General de la Unión (AGU), formuló la solicitud de reconsideración de la medida cautelar, alegando, entre otras cosas, que el valor total de la misma estaba muy por debajo del expuesto en la acción, y que se diluiría en un plazo de 15 años, con los recursos de la propia Fuerza; que el contrato se refería únicamente a los dos vehículos (lote muestra), que deben pasar por un proceso de homologación antes de la ejecución del contrato; y que la competencia respetaba todas las etapas del proceso legal, entre otras acusaciones.

Sin embargo, el día 07 la solicitud fue rechazada por el juez João Batista Moreira, TRF-1, utilizando como argumento "se verifica que está en cuestión la firma de un contrato importante, incluso en caso de fragmentación, al final de una gestión del Presidente de la República, Ministro de Defensa y otras autoridades del área, por lo tanto, este es un momento crucial para una decisión política tan importante".

Nuevamente la AGU presentó otra solicitud de suspensión de la medida cautelar, pero esta vez en el STJ, que fue concedida por su presidenta, la ministra Maria Thereza de Assis Moura, el 09.

En la decisión la ministra enfatiza que "se trata de una política pública de largo plazo, en discusión en el área técnica en un proceso largo, dejando irrazonable, incluso, la base de precipitación constante de la decisión dada por el relator del Instrumento de Daño; Después de todo, el servicio público debe ser continuo, y en este momento, como ya se ha dicho y reiniciado, se está frente a un lote de muestras", demostrando toda la serenidad y postura que deben tener los miembros del poder judicial.

"El proyecto en cuestión, 'Proyecto de Fuerzas Blindadas', comenzó en 2012, por lo tanto, hace más de diez años, no siendo algo trazado de una manera acerada o repentina. El gasto fue debidamente incluido en el Plan Plurianual 2020-2023, aprobado por el Congreso Nacional en diciembre de 2019, e incluido como 'Inversión Multianual Prioritaria'", explicó la ministra.

Esta sabia decisión devuelve la tranquilidad no solo a la Fuerza Terrestre, que tendrá la continuidad del proyecto de renovación de su parque de guerra asegurado, sino a todas las empresas de la Base Industrial de Defensa (BID), porque lo contrario representaría una amenaza para todos los proyectos actualmente en curso (y futuros), así como la credibilidad del país frente al mercado internacional.

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