“Los necesitamos también para nosotros”

Por Ignacio Montes de Oca

Mientras Ucrania pedía con urgencia más baterías Patriot ante una oleada de ataques rusos con misiles balísticos, Donald Trump respondió con una frase que resume la situación: “Tenemos Patriot, pero no tenemos tantos. Los necesitamos también para nosotros”. La declaración confirmó que Estados Unidos decidió ponerse primero, incluso frente a un aliado bajo fuego. A partir de ahí, los demás socios empezaron a sacar conclusiones.

El caso de Suiza es igual de elocuente. En 2022 encargó a Estados Unidos una batería de misiles Patriot por unos U$S 2.500 millones. La entrega, prevista inicialmente entre 2026 y 2028, se retrasó entre cuatro y cinco años. En otoño de 2025, Berna suspendió los pagos. Washington respondió tomando fondos suizos destinados a otros sistemas, incluidos los F-35. A mediados de 2026, el Gobierno federal reanudó parcialmente los pagos, pero abrió negociaciones paralelas con fabricantes franceses, israelíes y surcoreanos para un segundo sistema. El SAMP/T francoitaliano figura entre las opciones preferidas.

Algo similar les ocurrió a los países bálticos. Estonia, uno de los pocos aliados que apoyó la ofensiva de Donald Trump contra Irán, vio cómo Washington suspendía o retrasaba entregas de munición HIMARS, Javelin y otros sistemas, porque esas armas hacían falta para la guerra en Oriente Medio. La mayoría de las entregas se reanudó recién en el verano de 2026, salvo los ATACMS.

La explicación técnica es sencilla, pero sus consecuencias políticas son enormes. El sistema estadounidense de ventas militares al extranjero, una industria que mueve más de U$S 100.000 millones al año, le da al Pentágono el derecho legal de requisar o reasignar armamento ya pagado por otros países si Estados Unidos lo necesita. Durante décadas, nadie cuestionó esa cláusula. Ese supuesto dejó de sostenerse.

Más allá de las cifras de producción o las capacidades técnicas, el vuelco se explica por el factor Trump y la interferencia política deliberada. En su segundo mandato, Donald Trump convirtió las alianzas en transacciones explícitas. La doctrina “America First” no es solo retórica: se traduce en la orden ejecutiva de febrero de 2026, la America First Arms Transfer Strategy, que reorganiza las ventas de armas para priorizar el interés productivo nacional y a los países que más gastan en su propia defensa.

El viejo criterio de “el primero que pide, el primero que recibe” murió. Ahora rige otro: “el que más aporta a la industria estadounidense y al interés estratégico de Washington, primero”. Esta lógica introduce una interferencia política constante.

Canadá lo experimentó de forma brutal. Un día después de que Mark Carney asumiera como primer ministro, en marzo de 2025, y en medio de una disputa arancelaria, amenazas a la soberanía canadiense y el deterioro de la relación comercial, Ottawa anunció la revisión del pedido de 88 F-35, valorado originalmente en unos U$S 14.000 millones. El software del avión, controlado por Washington, dejó de ser un detalle técnico y pasó a ser un riesgo soberano por el riesgo de no recibir actualizaciones críticas por motivos políticos.

Más de un año después, la revisión sigue abierta. La opción más discutida es una flota mixta: conservar entre 30 y 72 F-35 ya comprometidos y completar el resto con el caza sueco Gripen E, fabricado por Saab. La empresa sueca ofreció también aviones de vigilancia GlobalEye y, como incentivo adicional, una línea de montaje en Quebec que generaría, según sus cálculos, entre 9.000 y 12.600 empleos.

Portugal canceló de plano su plan de 27 a 28 F-35 y citó explícitamente la “imprevisibilidad” del aliado estadounidense. En Dinamarca, el rechazo al Patriot y la elección del SAMP/T coincidieron con las presiones de Trump sobre Groenlandia: el mensaje político entró en el cálculo de defensa. La interferencia no es accidental. Trump usa las armas como moneda de cambio en negociaciones más amplias sobre comercio, bases, contribuciones a la OTAN e incluso territorio. Los aliados, que durante décadas compraban por reflejo, ahora calculan el riesgo de depender de un socio que puede cambiar las reglas a mitad de partido.

La crisis de Oriente Medio fue el otro gran acelerador. La guerra con Irán de 2026 consumió enormes cantidades de interceptores: más de 1.000 misiles Tomahawk, según estimaciones del CSIS, y cerca de dos tercios de los stocks de Patriot. Reponer ese arsenal puede llevar hasta 2030 o 2031. La fila de espera de los aliados se volvió más larga, incierta y subordinada a las necesidades operativas de Estados Unidos en el Golfo.

Qatar, con pedidos de más de U$S 4.000 millones en interceptores Patriot, descubrió que ni siquiera un aliado en riesgo y gran inversor le asegura su lugar en la cola cuando Washington prioriza a sus propias fuerzas y a Israel. El riesgo de nuevos ataques desde Irán explica la urgencia catarí, pero no acelera la llegada de los interceptores. El mismo problema enfrentan las demás coronas petroleras con encargos militares a los EEUU.

Sin embargo, lo que más preocupa a los planificadores europeos y asiáticos es un eventual conflicto con China. Los mismos informes del CSIS que documentan el vaciamiento de stocks por la guerra iraní advierten que el verdadero riesgo no está en Oriente Medio, sino en la ventana de vulnerabilidad que se abre en el Pacífico.

Reconstruir los inventarios de Tomahawk, Patriot, THAAD y misiles de precisión de largo alcance llevará dos o tres años. Mientras tanto, cualquier escalada en torno a Taiwán o el Mar de China Meridional obligaría a Estados Unidos a retener aún más material. Los aliados europeos y de Oriente Medio entienden el mensaje: si Washington ya prioriza su guerra actual, ¿qué quedará disponible cuando la prioridad sea China?

Durante cuarenta años, el Patriot fue sinónimo de protección aérea confiable para detectar y derribar aviones, misiles de crucero o proyectiles balísticos. Comprarlo era casi un rito de pasaje para cualquier aliado de Washington. Por eso es tan significativo lo ocurrido en Dinamarca. En agosto de 2025, el gobierno danés había solicitado formalmente un paquete de misiles Patriot valorado en unos U$S 8.500 millones. Washington lo aprobó sin objeciones. Aun así, un mes después, Copenhague eligió también el sistema SAMP/T Next Generation, desarrollado por Francia e Italia, con radares de Thales y misiles de MBDA.

El ministro de Defensa danés fue cuidadoso: “esto no es un rechazo del Patriot, es una selección de lo que es mejor”. Pero el resultado habla por sí solo. Dinamarca se convirtió en el primer gran cliente de exportación del sistema francoitaliano y citó explícitamente los plazos de entrega como factor decisivo. El contrato alcanza los U$S 9.100 millones. Las apetencias de Trump sobre Groenlandia fueron luego el condimento adicional para reforzar la decisión.

Desde entonces, crece la lista de interesados en el SAMP/T: Kuwait, Hungría, Suiza y Estonia lo evalúan y, según Bloomberg y Thales, unos quince países estudian el sistema como alternativa. El fabricante multiplicó por cinco su producción de misiles interceptores desde 2022 e invirtió el equivalente a unos U$S 2.600 millones para ampliar fábricas.

Portugal tomó una decisión más drástica. En marzo de 2025 canceló su plan de comprar entre 27 y 28 F-35 y empezó a considerar el Rafale francés, el Eurofighter europeo y, otra vez, el Gripen sueco, que cuesta entre 40 a 80 millones de dólares por unidad según el alcance del programa, frente a los más de 80 a 110 millones del avión estadounidense, y además tiene con un costo de vuelo por hora bastante menor. Saab cerró en noviembre de 2025 otro contrato con Colombia por 17 unidades valorado en U$S 3.600 millones, con entregas entre 2026 y 2032. Es una prueba de que la búsqueda de alternativas no se limita a los aliados históricos de la OTAN.

Y vale la pena mencionar una segunda instancia que tiene Washington para entorpecer la proliferación de segundas opciones: el hecho de que sistemas "alternativos" como el Gripen llevan motores estadounidenses, y que Washington puede ejercer veto indirecto vía licencias de exportación incluso sobre aviones que no fabrica. Pero esa decisión política, en caso de ejecutarse en forma de embargos a venta de terceros, podría acelerar aún más el recorte de la dependencia a largo plazo.

Las cifras generales del comercio mundial de armas confirman que no son casos aislados, aunque tampoco muestran un derrumbe de las ventas de EEUU. Según el SIPRI de Estocolmo, Europa triplicó sus importaciones de armamento entre los quinquenios 2016-2020 y 2021-2025, impulsada por la guerra en Ucrania y el temor a Rusia. Estados Unidos siguió siendo, con gran diferencia, el mayor proveedor de armas del mundo, con el 42 % de las exportaciones globales. Francia ocupó el segundo lugar, con el 9,8 %. Alemania superó a China y se convirtió en el cuarto exportador mundial, con el 5,7 % del total.

Dentro de ese crecimiento europeo hay un dato que suele pasar inadvertido: entre los socios europeos de la OTAN, viene bajando la proporción de compras a EEUU. En 2024, Washington cubría el 64 % de sus importaciones de armas; en 2021-2025, la proporción cayó al 58 %. No es un desplome: la cifra sigue siendo mayoritaria y el volumen absoluto de transferencias estadounidenses a Europa se duplicó. Pero muestra que, mientras la torta europea crece, una porción cada vez mayor se sirve en fábricas de Alemania, Francia, Suecia o Corea del Sur.

Detrás de estas cifras también crece una nueva arquitectura de defensa sin participación de Washington en su diseño. El instrumento europeo SAFE, dotado con el equivalente a unos U$S 176.000 millones en préstamos para financiar compras conjuntas de armamento, nació en mayo de 2025 como parte del plan ReArm Europe para reducir la dependencia militar de terceros países.

El vicesecretario de Estado de EEUU, Christopher Landau, cuestionó públicamente el programa SAFE en diciembre de 2025, durante una reunión de la OTAN en Bruselas. Recriminó a los aliados europeos por priorizar su propia industria de defensa y aplicar políticas proteccionistas.

Las tensiones dentro de la OTAN tienen efectos prácticos. A fines de 2025, Canadá se convirtió en el primer país no europeo autorizado a participar de ese fondo. Reino Unido, Japón, Corea del Sur, India, Noruega y Australia firmaron acuerdos similares con Bruselas que les dan acceso a esas compras conjuntas. Ninguno de esos documentos lleva una firma estadounidense, y ninguno de esos gobiernos parece haberla buscado.

Otro caso muestra las consecuencias de la doctrina Trump. Turquía fue expulsada del programa F-35 en 2019 por comprar sistemas antiaéreos rusos S-400. La decisión de Washington implicó la pérdida de U$S 1.400 millones que había girado para integrar la coalición de fabricantes del avión de combate. También dejó un pasivo de U$S 9.000 millones en ingresos industriales perdidos. Turquía iba a proveer más de 900 componentes del F‑35, incluidas partes estructurales críticas. Además, la industria de EEUU dejó de percibir otros U$S 9.000 millones por la venta de 100 F-35 asociada al mismo contrato.

La expulsión del programa F‑35 aceleró la industria de defensa turca. Más del 70 % del gasto militar pasó a tener origen nacional, frente al 20–25 % en 2010. El presupuesto anual destinado a compras internas superó los U$S 10.000 millones. Los Akıncı y Bayraktar TB2 desplazaron a los MQ‑1 Predator y MQ‑9 Reaper producidos por EEUU. Los Hisar-A, Hisar-O, Hisar-O+ y Siper Block I y II redujeron la urgencia por los Patriot, cuya venta también fue bloqueada. Turquía ahora desarrolla su propio caza de quinta generación, el KAAN, como sustituto del F-35. EEUU accedió a reconsiderar el embargo a Turquía y la venta de motores F-110-GE-129 para los nuevos cazas turcos.

Aquí vale aclarar que el “efecto Trump” se potencia con decisiones del Congreso que tiene un nivel similar de discrecionalidad política y que funcionan en conjunto sobre las ventas de armas de los EEUU. El caso turco es un ejemplo perfecto de esta doble influencia.

Desde 2019, el valor total de los contratos internos firmados en Turquía supera los U$S 40.000 millones, con más de 750 programas de desarrollo activos. La industria militar turca se convirtió en una de las cinco de mayor crecimiento en el mundo. Además, sus exportaciones en el rubro aumentaron un 155 %.

Hay más ejemplos. La negociación para vender F‑35 a Emiratos Árabes Unidos quedó trabada entre 2020 y 2021 por objeciones políticas de Washington sobre vínculos tecnológicos con China. El bloqueo llevó a Abu Dabi a acelerar su industria militar bajo EDGE Group, que pasó de ser un conglomerado menor a convertirse en uno de los 25 mayores fabricantes de armas del mundo. Desde 2019, las exportaciones de defensa emiratíes crecieron de menos de U$S 300 millones a más de U$S 1.300 millones en 2024, impulsadas por drones (como los REACH‑S y los Garmousha), municiones guiadas y sistemas electrónicos. El veto estadounidense también llevó a EAU a firmar un contrato por 80 cazas Rafale con Francia, desplazando completamente al F‑35.

Durante la primera presidencia de Trump, el Congreso bloqueó o demoró ventas de municiones guiadas y sistemas ofensivos a Arabia Saudita por la guerra en Yemen. Riad respondió acelerando SAMI (Saudi Arabian Military Industries), que pasó de 2.000 empleados en 2017 a más de 17.000 en 2025, con un objetivo explícito: sustituir importaciones estadounidenses. Desde 2020, Arabia Saudita produjo localmente drones, blindados ligeros y municiones inteligentes, reduciendo en un 15% la dependencia de EEUU en sistemas tácticos. En 2023–2025 comenzó a exportar vehículos blindados y drones a países africanos por más de 400 millones. Aunque todavía no es un gigante exportador, el bloqueo estadounidense generó un ecosistema industrial que ya compite en nichos donde antes solo compraba a Washington.

En 2020, EEUU rechazó la solicitud indonesia para adquirir F‑35, alegando que el país no cumplía requisitos de interoperabilidad y seguridad tecnológica. El veto llevó a Yakarta a acelerar su participación en el programa surcoreano KF‑21 Boramae, con una inversión de U$S 1.300 millones, y a desarrollar drones de ataque propios (Elang Hitam). Desde 2021, Indonesia aumentó sus exportaciones de defensa de menos de U$S 100 millones a más de U$S 600 millones en 2024, principalmente en barcos patrulleros, vehículos blindados y municiones. El rechazo estadounidense no solo desplazó al F‑35: también llevó a Indonesia a convertirse en exportador regional de sistemas navales y terrestres, un rol que antes no tenía.

Entre 2017 y 2020, Qatar enfrentó demoras y condicionamientos en la entrega de sistemas estadounidenses por tensiones diplomáticas internas en Washington. El país respondió comprando 36 Rafale y 24 Eurofighter Typhoon, y aceleró la creación de Barzan Holdings, su conglomerado de defensa. Hoy exporta blindados y drones ligeros a África y Asia por más de U$S 200 millones.

Y el caso más extremo es el de Ucrania, que de un estado de necesidad reformuló su sistema de producción militar en medio de la guerra y hoy exporta U$S 420 millones anuales en armas que incluyen contratos con las fuerzas armadas de EEUU.  Y además tiene pactos por otros U$S 300 millones de desarrollo conjunto de drones y municiones inteligentes con Arabia Saudita, uno similar de producción local de drones de ataque y sistemas de guerra electrónica con un valor estimado de U$S 200/250 millones con EAU y contratos de cooperación tecnológica en vehículos blindados y sistemas navales por más de U$S 100 millones con Qatar. Mientras pide Patriot a Washington, se convierte en un exportador emergente con demanda en Medio Oriente, una región que históricamente compraba casi exclusivamente a EEUU, Francia, Rusia y China.

Nada de esto significa que Estados Unidos haya perdido su lugar como proveedor dominante en el mercado mundial de armas. Buena parte de estos acuerdos alternativos se presenta explícitamente como un complemento de la OTAN, no como su reemplazo.

Pero los casos del Patriot danés, la indecisión canadiense sobre el F-35, los retrasos suizos y bálticos y el nacimiento de fondos como SAFE apuntan en la misma dirección. Los aliados que durante ochenta años compraron casi por reflejo lo que Washington les vendía empezaron a calcular qué ocurre si la provisión llega tarde, se cancela o queda condicionada por la política del momento. Una vez hecho ese cálculo, y cuando las alternativas europeas, suecas o francoitalianas muestran que pueden entregar a tiempo y ofrecer mayor soberanía tecnológica e industrial, ya no hace falta decirlo en voz alta para que la próxima compra se firme en otro idioma.

El riesgo para Estados Unidos es concreto y se mide en decenas de miles de millones de dólares. La industria de ventas militares extranjeras genera más de 100.000 millones al año y, según la propia Casa Blanca, supera los 300.000 millones cuando se incluyen todos los flujos de defensa. Europa, que ahora concentra el 33 % de las importaciones mundiales de armas, es el mercado de mayor crecimiento.

La industria militar estadounidense es uno de los pilares económicos más grandes y estables del país. Sostiene más de 2,1 millones de empleos directos e indirectos, moviliza hasta U$S 900.000 millones anuales en gasto público y privado y funciona como el principal motor del sistema nacional de investigación y desarrollo.

Cada año, el Departamento de Defensa destina más de U$S 140.000 millones solo a I+D, una cifra superior a la inversión científica total de la mayoría de los países desarrollados. Ese flujo financia laboratorios, universidades, centros tecnológicos y empresas que desarrollan materiales avanzados, inteligencia artificial, satélites, motores aeronáuticos y sistemas de defensa de última generación.

Al mismo tiempo, el propio ejército estadounidense es el mayor cliente de la industria. Compra miles de misiles, aviones, vehículos, sistemas de comunicación y equipos electrónicos, lo que garantiza economías de escala y sostiene cadenas de producción gigantescas. Esa escala le permite a EEUU bajar los precios a la hora de cada compra gracias a las exportaciones y las inversiones conjuntas con los países aliados.

En conjunto, el complejo militar-industrial estadounidense no solo produce armas: financia la innovación tecnológica del país, sostiene millones de empleos de alta cualificación y garantiza la capacidad de Estados Unidos para mantener una ventaja militar y científica estructural. Este peso económico explica por qué el sistema de defensa estadounidense es, al mismo tiempo, un actor militar, industrial y científico de alcance global.

Si la cuota estadounidense en las compras de la OTAN europea sigue erosionándose al ritmo actual, y si países de Oriente Medio, América Latina y Asia-Pacífico replican la diversificación que ya se observa en Dinamarca, Canadá, Portugal, Suiza y Colombia, Washington podría perder contratos por decenas de miles de millones de dólares en la próxima década. En el peor escenario, el “efecto Trump” podría erosionar a largo plazo la capacidad de defensa de los EEUU, al restarle financiamiento indirecto para su propio rearme y dinamismo a su sistema de desarrollo, con el consiguiente peligro de deterioro tecnológico.

Cada batería Patriot que se convierte en un SAMP/T, cada escuadrón de F-35 que se reduce a favor del Gripen o del Rafale y cada programa financiado por SAFE en lugar del Foreign Military Sales estadounidense representan más que una pérdida de ingresos inmediatos. También desgastan gradualmente la posición dominante que Estados Unidos mantiene desde la Segunda Guerra Mundial. La crisis de Oriente Medio aceleró el cálculo. El espectro de China lo vuelve permanente. Y el factor Trump lo convirtió en una decisión política, no solo militar.