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Los que se creen espectadores

Dos guerras que no terminaron se trasladan a las sombras. En los próximos años se multiplicarán las operaciones encubiertas, y los países que se creen a salvo pueden ser los más expuestos.


Por Santiago Lucero Torres - Presidente del Foro Argentino de Defensa


Lo que viene es la guerra que no se ve. Ucrania no encuentra una salida militar y desgasta a una Rusia que difícilmente pueda permitirse una escalada convencional contra Occidente. Irán, por su parte, salió maltrecho de la Guerra de los Doce Días de junio de 2025 y de la ofensiva estadounidense e israelí de febrero de 2026, que dañó su programa nuclear y parte de su aparato militar.

Pero ninguna de esas guerras termina. Se trasladan a un terreno más oscuro, donde se confunden la acción militar, el espionaje, el terrorismo y el delito. Así como los drones ocuparon el centro de la escena, la prolongación de estos conflictos va a provocar sabotajes, más ciberataques y operaciones de influencia. Un Estado debilitado, pero no derrotado, busca continuar la guerra con los medios que conserva. Estas herramientas permiten castigar, condicionar decisiones políticas o sembrar miedo sin asumir públicamente la autoría.

Europa ya vive dentro de esa lógica. Incendios provocados, sabotajes ferroviarios y daños en cables submarinos son atribuidos por distintos gobiernos a Moscú. Al mismo tiempo, aparecen redes vinculadas con la Guardia Revolucionaria iraní que vigilan o seleccionan blancos israelíes y occidentales.

América Latina conoce este tipo de guerra. Hace más de tres décadas, los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA convirtieron a Buenos Aires en escenario de un conflicto que parecía lejano, pero sin embargo dejaron más de cien muertos. La Justicia argentina atribuyó ambos ataques a Irán y Hezbollah. La distancia que siempre había parecido una protección en el pasado, ofrecía en realidad un blanco menos vigilado para enviar el mismo mensaje.

Esa experiencia debería interesar a todo el mundo occidental y cristiano. Las represalias no necesariamente van a caer sobre el corazón de las potencias mejor protegidas. Pueden hacerlo sobre cualquier país alineado con Estados Unidos, Israel o Ucrania que no haya desarrollado los medios para sostener esa decisión. Cuanto más firme sea el alineamiento y más débiles sean la contrainteligencia y la protección de la infraestructura crítica, mayor será la tentación de utilizar su territorio.



La Argentina ofrece otros antecedentes preocupantes. Artem Dultsev y Anna Dultseva, dos agentes rusos de inteligencia, vivieron durante años en Buenos Aires, donde construyeron identidades falsas y obtuvieron documentación argentina. Luego se instalaron en Eslovenia como un matrimonio argentino con dos hijos. Operaban como “ilegales”, espías sin cobertura diplomática preparados para confundirse con la sociedad. Fueron detenidos en 2022 y regresaron a Rusia dos años después, dentro del mayor intercambio de prisioneros con Occidente desde la Guerra Fría. Sus hijos ni siquiera sabían que eran rusos.

Por estos días se conocieron nuevos detalles sobre Sergey Cherkasov, otro agente ruso que ingresó por primera vez a la Argentina en 2009 y construyó durante más de una década la identidad del brasileño “Víctor Muller Ferreira”. Su historia estaba apoyada en un DNI argentino y una infancia porteña inventada. Con esa historia falsa, estuvo a punto de infiltrarse como analista en la Corte Penal Internacional, que investiga los crímenes de guerra rusos en Ucrania. La inteligencia neerlandesa lo detectó y fue detenido en Brasil, cuyo gobierno ahora se dispone a devolverlo a Moscú en lugar de entregarlo a Estados Unidos.

Pero no se trata solamente de Rusia. Durante décadas, los servicios cubanos formaron y asesoraron estructuras venezolanas de seguridad e inteligencia. A través de esa relación, Moscú y Teherán encontraron funcionarios, operadores y redes capaces de facilitar contactos, documentación, desplazamientos, financiamiento y operaciones de influencia. Esa infraestructura humana es difícil de medir, pero demasiado extensa como para pasarla por alto. Posiblemente hayan sido mano de obra en más de una operación encargada por sus socios iranies. Esa “cooperación operativa”, sobre todo en países como la Argentina, debería ser investigada a fondo.

El reciente enfrentamiento entre Javier Milei y Lula da Silva agregó un dato que tampoco debería pasar inadvertido. El presidente argentino afirmó que el gobierno brasileño aportó el 25 por ciento de los recursos de una “campaña antiargentina” desplegada durante el Mundial. No presentó pruebas, pero que un jefe de Estado haga semejante acusación contra el principal socio de su país revela hasta qué punto las operaciones de influencia, reales o percibidas, ya forman parte de la disputa regional. También muestra el daño que pueden producir cuando la inteligencia disponible no permite probarlas con rapidez o descartarlas con autoridad.

Porque hasta aquí es obvio que nuestro sistema de inteligencia le informó al presidente Milei lo que nunca debió haber compartido públicamente y de la manera que lo hizo. Ya sea que se trate de información verificada o de una operación para aislarnos de nuestros vecinos en el Cono Sur , la información producida por los servicios de inteligencia es un insumo del Estado Nacional, y debe ser analizada y tratada con la seriedad que merece, sobre todo cuando esta afecta a la Seguridad Nacional.

Otro ejemplo de vulnerabilidad nos ofrece Neuquén. Allí funciona una estación espacial china bajo un contrato de cincuenta años. Su control efectivo y su relación con el aparato militar de China provocan cuestionamientos desde que fue instalada. La estación constituye un blanco estratégico dentro del territorio argentino. Un sabotaje preparado para ser atribuido falsamente a otra potencia podría arrastrar al país a una crisis entre China y Occidente. Alojar una instalación extranjera de esas características obliga a protegerla y a determinar quién intenta atacarla y a quién le conviene que parezca culpable.

En abril de 2023, Andrey Kostin, presidente del segundo banco de Rusia y figura tan cercana al Kremlin que muchos lo llaman el banquero de Putin, llegó directo desde Rusia a El Calafate en un avión privado. Sancionado por Estados Unidos y el Reino Unido, después de recorrer más de 16.000 kilómetros, pasó apenas una noche en la Patagonia y emprendió el regreso. Puede haber sido un extravagante paseo turístico. Comprobarlo era tarea de los servicios argentinos. Su ingreso y desplazamiento sin una reacción proporcional expusieron la facilidad con la que determinados actores extranjeros pueden moverse por el país.

Estos episodios no son idénticos ni necesariamente forman parte de una misma operación, pero revelan accesos diferentes a una vulnerabilidad común. La Argentina eligió con claridad su lugar en el escenario internacional, pero conserva una estructura de seguridad concebida para un mundo que ya no existe.

Alinearse tiene un costo. Asumirlo exige reconstruir la contrainteligencia, ordenar los servicios como lo viene haciendo este gobierno, proteger la infraestructura crítica y cooperar seriamente con los socios elegidos. La historia argentina ya enseñó, con demasiados muertos, cuánto cuesta descubrir tarde que la distancia no protege a nadie. Un país alineado y mal protegido no es un espectador, es un blanco.

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