Trump catapulta a la defensa de EEUU hacia un problema

Por Ignacio Montes de Oca

Donald Trump quiere que los portaaviones estadounidenses vuelvan a lanzar sus aviones con vapor, como al finalizar la Segunda Guerra Mundial. El presidente ordenó a la Marina abandonar las catapultas electromagnéticas que el país desarrolló durante dos décadas y que equipan a sus buques más modernos. La medida afectará al futuro USS Doris Miller, cuyo sistema actual ya acumuló más de 36.000 lanzamientos de prueba.

El argumento presidencial es simple: Trump considera al vapor más confiable que la electricidad. Pero la clase Ford fue diseñada alrededor de un sistema eléctrico que alimenta casi todo el barco que costó 1.190 millones de dólares. Revertirlo exige modificar su arquitectura, reinstalar tuberías eliminadas y gastar otros miles de millones no previstos al iniciar la construcción.

El sistema EMALS tampoco estuvo libre de problemas: durante años quedó por debajo de sus metas de confiabilidad, al igual que el sistema de frenado, dentro de un programa que insumió unos 120.000 millones de dólares y casi veinte años. Reportes de la propia Marina y de medios especializados como USNI News indican que esas fallas fueron superadas: permite hasta 25 % más lanzamientos diarios, ahorrar 100 millones anuales y requiere unos 500 marineros menos. Trump ordena volver al vapor cuando la tecnología terminó de madurar y cuando China ya la instaló en el Fujian y Francia la eligió para el PANG. La ventaja tecnológica estadounidense empieza así a diluirse.

La decisión ya es formal. Según el Wall Street Journal, en 2026 Trump firmó un memorando que ordena volver al vapor en el Doris Miller y los portaaviones posteriores, mientras el Ford, el Kennedy y el Enterprise conservarán el EMALS. La Marina operará así dos flotas con distintas cadenas de repuestos, entrenamiento y mantenimiento: la complejidad que cualquier planificador desea evitar.

La ironía es estratégica. La Marina prepara sus portaaviones para una guerra con más drones, y la catapulta eléctrica permite ajustar mejor la fuerza al peso de cada aeronave, desde un dron liviano hasta un caza. A la vez, Trump impulsa drones baratos, algunos de 5.000 dólares. Mientras su administración apuesta por la guerra futura, el presidente recupera una tecnología del pasado.

La catapulta no es un caso aislado. Refleja un modo de decidir en el que Trump interviene en asuntos que exigen años de estudios y pruebas, y su preferencia pesa más que el criterio técnico. Ese mismo modo se proyecta con mayor escala en la “flota dorada” anunciada en diciembre de 2025: una nueva clase de buques con su apellido. El plan prevé quince unidades nucleares de más de 35.000 toneladas, con misiles hipersónicos, cañón de riel y misiles de crucero nucleares.

La imagen recuerda, con todas las distancias históricas, a los baochuan—“barcos del tesoro” de la Flota Dorada— con los que Zheng He proyectó el poder y la riqueza de la dinastía Ming en el siglo XV: naves inmensas convertidas en símbolo de desmesura imperial. En ambos casos, el gigantismo naval no expresa solo una necesidad militar, sino también la voluntad de hacer visible el poder de un imperio y de su líder.

La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó un costo de 23.400 millones de dólares para el primer buque “Clase Trump” y hasta 275.000 millones para el programa hasta 2056. Un destructor convencional cuesta unos 2.000 millones: un solo acorazado Trump equivale a casi doce. La cuestión es qué deja de comprar Estados Unidos para pagarlos. La Marina necesita submarinos, destructores, misiles, drones, aviones y defensas, mientras sus astilleros ya incumplen programas existentes.

La Oficina de Presupuesto calcula que habría que elevar 60 % la producción de grandes buques y llevar su presupuesto anual de 11.000 millones en 2025 a 18.000 millones en 2027. Un grupo de batalla de portaaviones —buque, ala aérea, submarino y cuatro a siete escoltas— cuesta entre 25.000 y 27.000 millones. Un acorazado clase Trump costaría casi lo mismo, pero concentraría el poder en un único casco, en vez de repartirlo entre ocho o nueve unidades reemplazables y capaces de operar por separado.

Las armas modernas permiten atacar grandes buques desde cientos o miles de kilómetros, por lo que la Marina hasta hoy buscó distribuir el poder entre submarinos, misiles, aviones y drones. Trump propone concentrar armas y dinero en pocos barcos. Analistas del South China Morning Post advierten que serían blancos ideales para los misiles chinos DF-21D y DF-26, conocidos como “mata-portaaviones”. La vulnerabilidad industrial es igual de concreta. Estados Unidos tiene solo dos astilleros capaces de construir buques nucleares —Newport News y Electric Boat— y ambos acumulan retrasos en los submarinos Columbia y Virginia, centrales para la disuasión. Agregar acorazados nucleares implica que cada unidad priorizada puede retrasar un submarino: una disyuntiva que exige planificación, no un anuncio.

El patrón se extiende al aire. En marzo de 2025, Trump presentó el F-47, el caza de sexta generación con un contrato inicial cercano a 20.000 millones de dólares. Dos meses después habló de un hipotético F-55: un F-35 bimotor, además de un F-22 mejorado. El F-55 no existía como programa ni diseño; convertir un avión monomotor en bimotor equivale, en la práctica, a crear otro avión. Diseñar un caza lleva años y miles de millones, y exige fábricas, técnicos, repuestos y pilotos.

Cuando el presidente cambia de idea en público, obliga a la industria a revisar inversiones a diez o quince años. El F-47 parte de unos 20.000 millones, pero el Stimson Center estima que su ciclo de vida podría costar varios cientos de miles de millones, frente a unos 130.000 millones por los cien bombarderos B-21 previstos.

El gusto presidencial también condenó a la fragata Constellation. Trump la llamó “la más hermosa”, pero sucesivas exigencias de la Marina la alejaron del diseño italiano FREMM para usar el mismo casco para diferentes versiones del buque: las piezas compartidas cayeron de 85 % a 15 %. El buque terminó con 13 % de sobrepeso, tres años de demora y 1.000 millones de dólares extra. En noviembre de 2025, el pedido se redujo de seis unidades a dos cuando Trump ordenó el fin del programa.

El caso de mayor escala es el “Golden Dome”, un escudo para todo Estados Unidos, Alaska y Hawái contra misiles balísticos, hipersónicos y de crucero. Compararlo con el Iron Dome israelí es engañoso: Israel protege un territorio del tamaño de Nueva Jersey frente a cohetes de corto alcance; Estados Unidos pretende cubrir 9,8 millones de Km2 frente a las armas más sofisticadas. Trump prometió un sistema “prácticamente impenetrable”. La Casa Blanca calculó 175.000 millones de dólares, pero la Oficina de Presupuesto estimó en mayo de 2026 unos 1,2 billones en veinte años y advirtió que no neutralizaría por completo un ataque masivo ruso o chino. El gasto se suma a un déficit anual cercano a 1,9 billones y a una deuda pública ya superior al tamaño de la economía.

El ejemplo más grave fue una guerra. El 28 de febrero de 2026, EEUU e Israel lanzaron la Operación Epic Fury contra Irán. Trump dijo que se resolvería en “semanas”, pero sigue aún activa. El general Dan Caine había advertido sobre la falta de apoyo aliado y las reservas de interceptores; la Casa Blanca negó esos reportes. Con la campaña estancada, los Patriot bajaron de unos 2.300 a entre 750 y 830, y los THAAD se redujeron a la mitad. Son armas necesarias también para Ucrania y el Golfo. El Pentágono pidió 30.000 millones de dólares para reponerlas, pero cada misil tarda más de dos años en fabricarse. Otra decisión enorme avanzó pese a reparos militares que no pesaron en un debate público previo.

El problema no es que Trump discrepe de sus generales. Todo presidente puede reordenar prioridades militares. El despropósito surge cuando una preferencia personal se vuelve orden sin una necesidad demostrada. Quienes defienden este estilo tienen su propio argumento: sostienen que el Pentágono arrastra una cultura de sobrecostos crónicos, programas eternos y parálisis por análisis, y que solo una presión externa —incluso errática— logra destrabar decisiones postergadas durante años.

El caso de los rompehielos es el que mejor sostiene esa lectura. La compra muestra que la intervención presidencial puede acelerar una necesidad: Estados Unidos tiene poca presencia ártica frente a la flota rusa. Una orden directa de Trump destrabó un plan de once buques por unos 6.100 millones de dólares, cuatro construidos en Finlandia y siete en Estados Unidos. Según el relato del propio Trump, decidió la compra el 11 de marzo de 2025 luego de compartir con el presidente finlandés Alexande Stubb una partida de golf y un almuerzo en el Trump International Golf Club.

Esto demuestra que un presidente puede acelerar una decisión que algunos consideren correcta, pero también el riesgo de omitir evaluaciones. La Guardia Costera había pedido cuatro o cinco unidades, no once, y gran parte del contrato se adjudicó sin licitación. La Oficina de Responsabilidad Gubernamental no halló un análisis que justificara la cifra. Además, construir en Finlandia exigió exceptuar la Ley Jones de producción nacional y creó una dependencia de un astillero extranjero.

El patrón, además, no nació en este segundo mandato. En su primer período presidencial, Trump intervino en los colores del avión presidencial, convirtió la Fuerza Espacial en prioridad y atacó el contrato JEDI de sistemas de combate cibernéticos por su vínculo con Amazon y Jeff Bezos. En el segundo, aceptó usar temporalmente un Boeing 747-8 de Qatar como futuro avión presidencial, pese a las dudas sobre su adaptación a los requisitos de seguridad y comando. Cada caso admite una discusión propia. Juntos, muestran un patrón.

A ese patrón se suma una intervención directa en el reparto de ganancias dentro de la industria de defensa. En enero de 2026 Trump firmó una orden ejecutiva que prohíbe a los principales contratistas pagar dividendos o recomprar acciones mientras incumplan plazos, no inviertan capital propio en capacidad de producción o prioricen insuficientemente los contratos del gobierno. La medida alcanza a los accionistas y vincula la compensación de los ejecutivos a la entrega a tiempo, no a métricas financieras de corto plazo. Aunque busca acelerar la producción, constituye otra decisión presidencial que se impone sobre las prácticas empresariales habituales y los mecanismos de mercado, sin pasar por un debate legislativo o regulatorio más amplio.

La defensa estadounidense se planifica en décadas. Un submarino nuclear puede tardar diez años en diseñarse y construirse; un caza, servir cincuenta; un portaaviones cuesta más de 13.000 millones y opera medio siglo. Una decisión actual puede condicionar al país mucho después de Trump. Ese es el riesgo de gobernar por impulsos: un presidente cambia de opinión rápido, pero un astillero no cambia de especialidad, un ingeniero no domina otra tecnología de inmediato y una línea de producción no se detiene sin costo. Un buque que tarda diez años tampoco puede adaptarse a una guerra distinta seis meses antes de entrar en servicio.

La situación preocupa también por el entorno presidencial. Un jefe de Estado necesita asesores con autoridad para señalar errores y aportar información especializada. El problema comienza cuando la lealtad política pesa más que la experiencia. En febrero de 2025, Trump desplazó al general Charles Q. Brown y a la almirante Lisa Franchetti. Brown acumulaba cuatro décadas de servicio y había sido enlace militar con Ucrania; Franchetti hizo su carrera en la Marina. Ambos tenían década de experiencia en la estrategia de contención a China.

Después removió al general Timothy Haugh, jefe de la Agencia de Seguridad Nacional y del Comando Cibernético. Ninguno era insustituible, pero el mensaje institucional fue claro: la continuidad profesional podía subordinarse a la confianza política.

El nombramiento de Pete Hegseth como secretario de Defensa profundizó el giro. Fue oficial de la Guardia Nacional y veterano en roles técnicos, pero el resto de su carrera transcurrió en medios y nunca dirigió una organización comparable al Pentágono, con más de 800.000 millones de dólares de presupuesto. Su principal capital es la cercanía con Trump, a quién apoyo desde su puesto en la cadena Fox. Eso no prueba incompetencia, pero muestra el mayor peso de la confianza personal en un cargo que también exige experiencia. El Consejo de Seguridad Nacional también redujo en 2025 su plantilla de más de 300 personas a unas decenas. Achicar la burocracia puede ser razonable, pero el Consejo cruza información de Defensa, Estado, inteligencia y otras agencias antes de una decisión presidencial. Si el filtro se reduce demasiado, también disminuye la capacidad de advertir consecuencias no previstas.

Ese deterioro favorece a China y Rusia: un rival no necesita que Estados Unidos sea débil, sino menos eficiente. Según una diapositiva de inteligencia naval difundida en 2024 y cuya autenticidad confirmó la propia Marina a Reuters, la capacidad de construcción china sería más de 200 veces superior. China tiene unos 370 buques frente a aproximadamente 290 estadounidenses y podría superar 400 en 2030, mientras Washington apunta a 350 recién en 2045. Si Estados Unidos destina 275.000 millones a barcos vulnerables mientras sus astilleros no alcanzan a producir submarinos, Pekín obtiene ventaja sin hundirlos: basta con que Washington gaste allí sus recursos. Si Washington discute durante años entre vapor y electricidad mientras China adopta sistemas electromagnéticos, la demora ya es una señal estratégica: la carrera militar continúa mientras Estados Unidos decide según el gusto presidencial.

Los aliados también observan. Japón, Corea del Sur, Australia y Europa planifican a veinte o treinta años, compran armamento estadounidense y organizan sus fuerzas alrededor de esa tecnología. Los cambios constantes amplían la incertidumbre: ya hay reportes de que el Reino Unido demoró pedidos de F-35 hasta que se estabilicen los anuncios y recortes de Washington. La consecuencia puede superar a cualquier contrato. La fuerza estadounidense depende también de la confianza: sus aliados deben creer que habrá armas, logística, repuestos y voluntad política en una crisis; sus adversarios, que esas capacidades se usarán racionalmente.

Trump puede usar la imprevisibilidad como herramienta, pero no equivale a disuasión. Una cosa es que el rival ignore qué decisión tomará Washington; otra, que sospeche que Washington tampoco lo sabe.

El problema no termina en Trump. El Congreso controla formalmente el presupuesto y podría frenar o condicionar cualquier programa. En la práctica, sin embargo, no está sirviendo de contrapeso. La industria de defensa sostiene miles de empleos en distritos clave y los legisladores tienen incentivos concretos para respaldar proyectos que generan trabajo local, aunque carezcan de justificación militar sólida. Esa dinámica se combina con una subordinación creciente de las instituciones al presidente: cuando la lealtad política pesa más que la experiencia profesional y cuando el poder legislativo prefiere acomodarse a la voluntad del Ejecutivo antes que ejercer su función de control, una preferencia personal se convierte con rapidez en una cadena institucional. El presidente anuncia, la industria se prepara, los legisladores protegen los empleos de sus distritos y el Pentágono reorganiza sus planes. Al final, quedan comprometidos miles de millones durante décadas sin que existan contrapesos efectivos.

Por eso la catapulta simboliza algo mayor: una potencia con tecnología militar avanzada empieza a definir su futuro por preferencias que no siempre responden a necesidades reales. El problema no es cambiar, sino hacerlo con demasiada rapidez y autoridad. Estados Unidos aún conserva una enorme ventaja: presupuesto, industria, universidades, empresas tecnológicas, aliados y arsenal nuclear. No enfrenta una pérdida inmediata de poder. El riesgo es gradual. Una mala decisión no destruye al país, pero una década de recursos mal asignados, programas cambiantes, especialistas relegados y lealtad política premiada sobre la experiencia puede degradar la potencia militar. Cuando llega el momento de la batalla, quizá ya sea tarde para corregirlo.

El patrón importa más allá de Estados Unidos. La ventaja histórica de las democracias occidentales no fue solo económica o tecnológica, sino institucional: sus decisiones militares se apoyaban en generales, ingenieros, analistas, auditorías y control legislativo, no en la voluntad de un solo hombre. Cuando esos contrapesos ceden, Estados Unidos pierde parte de la diferencia frente a sus rivales. Y como sigue siendo el núcleo de la defensa occidental, la erosión afecta al conjunto. Si el estilo de Trump se vuelve norma, se debilita el andamiaje de seguridad de Occidente.

La discusión, entonces, no es si el vapor supera a la electricidad, sino quién debe decidirlo. Si la respuesta nace de pruebas, evaluaciones y experiencia militar, el sistema funciona. Si depende de que “al presidente le gusta más”, la catapulta habrá impulsado a la defensa estadounidense hacia un problema que puede tardar décadas en corregirse.